Nueva arremetida del Gobierno y el Poder Judicial contra los y las estatales


Desde el inicio de su gestión Mauricio Macri ha impulsado un ataque directo contra los trabajadores y trabajadoras del sector público. Luego de una ola masiva de despidos ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto que el Fuero del Trabajo ya no es competente para entender en las causas que impliquen despidos o diferencias salariales de empleados públicos.

La ofensiva macrista contra el empleo público comenzó ni bien iniciado su mandato: la primera medida fue la estigmatización de los y las trabajadores estatales, alegando que en su mayoría eran ñoquis y que el Estado debía ajustar su cartera de gastos públicos. En esta ofensiva el gobierno no estuvo solo, los medios masivos también apuntaron a conformar una idea fuerza que logre el aval social a los despidos, evitando así cualquier tipo de conflicto.

Está claro que la precarización laboral en el sector público no es novedad sino que es arrastrada desde los gobiernos kirchneristas, que mantuvieron las formas de flexibilización en cuanto a la contratación que se habían desplegado en los `90, dejándole el camino preparado para que el macrismo pueda avanzar en el recorte de puestos de trabajo, llevando adelante un ajuste para nuestra clase trabajadora mientras transfiere recursos a los sectores más ricos del país.

Una Justicia que facilita el fraude

La precarización en el Estado en general toma dos formas: la primera, mediante contratos de locación de servicios, es decir, contratos donde se deja asentado que el trabajador o la trabajadora lo son en calidad de autónomo/a (monotributistas) y donde no existiría relación de dependencia con el Estado empleador. En tanto, la segunda forma de precarización se da mediante la llamada “Planta transitoria” que está destinada a trabajadores/as que deberían realizar tareas estacionales o transitorias y sin embargo es utilizada de manera fraudulenta para contratar durante años a trabajadores/as que realizan tareas propias de la planta permanente de los organismos.

Este tipo de precarización ha tenido desde hace años al Poder Judicial como fuerte aliado. En primer lugar, porque ante los juicios iniciados por estatales contratados fraudulentamente (mediante las formas mencionadas previamente) ante despidos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que no corresponde la reinstalación del trabajador o trabajadora en su puesto de trabajo, sino la simple indemnización (siempre que el trabajador o trabajadora haya trabajado más de 5 años y demuestre que realizaba tareas que no eran transitorias).

Esta situación es problemática ya que la Constitución Nacional asegura que el trabajador o trabajadora estatal goza de la imposibilidad de ser despedido/a si no existe justa causa. Sin embargo la Corte Suprema ya ha dicho que esta cualidad no se extiende a los trabajadores o trabajadoras contratados fraudulentamente. Es decir, que al Estado efectivamente le conviene contratar fraudulentamente, ya que es muy fácil deshacerse de los trabajadores/as sin costo alguno.

Por otra parte, el Poder Judicial, y dentro de éste la Cámara Nacional del Trabajo, ha tenido como postura mayoritaria que el Fuero del Trabajo no es competente para entender en las causas que impliquen despidos o diferencias salariales con empleados/as del sector público.

Esto significa que los trabajadores y trabajadoras estatales no pueden iniciar demandas ante los juzgados de trabajo, sino que deben hacerlo ante los juzgados contenciosos administrativos. Esta medida se argumenta bajo la débil premisa de que la ley 25.164 de Empleo Público que rige a los y las trabajadoras estatales no tendría carácter laboral como la Ley de Contrato de Trabajo que rige a los trabajadores del empleo privado.

La falta de argumentación de esta posición no es una falencia de esta nota: no se han dado justificaciones sólidas para afirmar que el trabajador o trabajadora del sector público no puede ser entendido como trabajador/a con derecho a acceder a los juzgados laborales.

Esta situación plantea un problema, ya que en los juzgados del trabajo se aplican (o deberían aplicarse) principios que hacen a la protección integral del trabajador/a tomando en cuenta la relación desigual existente entre el patrón y el obrero/a. Mientras que el Fuero Contencioso Administrativo entiende al laburante como un “administrado/a” más y pone a las partes del conflicto como contratantes en igualdad de condiciones.

Esta postura ya era preponderante en los Juzgados del Trabajo y en las Salas de la Cámara  de Apelaciones del Trabajo. Ante el ingreso de demandas de trabajadores/as del sector público por despidos (que han abundado en estos años) los Jueces se declaraban incompetentes y enviaban las mismas al fuero Contencioso Administrativo. Sin embargo, aún existían jueces del fuero laboral que mantenían la postura minoritaria y aceptaban las causas iniciadas por los y las trabajadoras estatales.

Empero en febrero se dio un caso determinante donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación nuevamente dictó un fallo que resulta en un ataque más contra los y las estatales.

En el caso “Sapienza, Matías Ezequiel y otros c/ Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y otro s/ acción de amparo”, ante la demanda interpuesta por trabajadores del AFSCA despedidos en diciembre de 2015, el máximo tribunal ha dispuesto que “(las relaciones) fueron de naturaleza pública y estuvieron reguladas por las normas que gobiernan el empleo público y no por las que rigen el contrato de trabajo privado (art. 2°, inc. a, de la Ley de Contrato de Trabajo). De ahí que la jurisdicción llamada a entender en el conflicto suscitado con motivo del cese de las vinculaciones, como lo ha puntualizado repetidamente este Tribunal ante situaciones semejantes, resulte ser la justicia en lo contencioso administrativo federal.”

Esto tiene importantes implicancias en cuanto a que, de ahora en más, difícilmente los Juzgados y Salas del fuero del trabajo que mantenían la postura minoritaria se aparten del criterio establecido ahora por la CSJN. Es decir que se afianza definitivamente la idea de que el trabajador/a estatal no es un trabajador en sentido estricto y por tanto le corresponde, ante los reclamos judiciales, la competencia del Fuero Contencioso Administrativo Federal.

Y, a la manera del “si pasa pasa” en el mismo fallo la Corte le hace un guiño a Mauricio Macri en cuanto al traspaso de la Justicia del Trabajo a la Ciudad, manifestando que “de acuerdo con esta nueva doctrina, no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los federales para dirimir cuestiones de competencia ya que no puede soslayarse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio.” Es decir, que remarcando el carácter transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo, toma posición y da el visto bueno al pase de la misma a la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, desde los distintos sectores del Estado se ejecuta y avala un paso más  en la reforma laboral que había comenzado con la reforma de la ley de riesgos del trabajo (ART).

Como podemos ver, en estos meses de gobierno macrista el andamiaje legal no ha hecho más que adecuarse a las necesidades de ajuste en el Estado por parte de la CEOcracia. Esta disposición legal no es más que un nuevo avance de la justicia, fiel garante de los intereses patronales,  contra los legítimos derechos conquistados por nuestra clase.

Frente a esta ofensiva, los trabajadores y trabajadoras estatales debemos visibilizar nuestras demandas a través de la lucha en nuestras dependencias y en las calles. Llamamos a todos los y las estatales a participar en la movilización a Plaza de Mayo convocada  por las CTAs para este 30 de marzo y a impulsar de forma activa el paro de la CGT del 6 de abril, que debemos transformar en una jornada de pelea en las calles y exigir un plan de lucha para conquistar nuestras reivindicaciones.