La Patria piquetera


Aumento de la pobreza, mayor precarización, caída de consumo de productos de la canasta básica. Impacto del ajuste en los sectores más humildes de nuestra clase. Emergencia Social, triunvirato piquetero y rol con la CGT. Tácticas y desafíos para los movimientos sociales en un contexto donde las respuestas apuntan para el lado represivo.
De la “Pobreza Cero” a los 15 millones de pobres. El ajuste desplegado y profundizado por el gobierno de Macri y la alianza Cambiemos viene a plantear otro modelo de acumulación y de correlación de fuerzas entre las clases en nuestro país. Los mayores costos de esta política económica recaen sobre los sectores más golpeados de la clase, sobre aquellos que hace años se encuentran en el universo de precarizados/as o directamente desocupados/as.
La intención del macrismo es muy clara, avanzar sobre derechos laborales históricamente conquistado por nuestro pueblo. Con proyectos en carpeta para avanzar en una reforma laboral, con techo en las paritarias (contra el cual se desarrolla, por ejemplo, la gran lucha docente), con aumento de la desocupación y precarización. En síntesis, generando una mayor explotación sobre las espaldas de los y las trabajadoras. Estos avances no son exclusividad de los empresarios del PRO, sino que responden a un despliegue general de la derecha en Nuestra América.
Caída del consumo en un 5% durante 2016, caída de un 25% en el consumo de leche durante los primeros meses de este año, aumento de la gente que se acerca a los centros comunitarios producto del hambre y la pobreza, ollas populares, movilizaciones, acampes. Los piquetes, tan temidos y criticados por los voceros del sistema, son expresión de una realidad que refleja un aumento de la conflictividad social, como respuesta a las políticas neoliberales desplegadas por el gobierno.
De la vereda de enfrente se responde con estigmatización, xenofobia, editoriales y discursos que piden mayores niveles de represión, o, en el mejor de los casos, paliativos que no resuelven los problemas estructurales que generan la pobreza en la Argentina. El gobierno intenta, incluso con contradicciones internas, atender a uno de los tantos frentes de conflicto que se vieron en su mayor plenitud durante el pasado mes de marzo.
Emergencia Social
Como lo hemos planteado en notas anteriores, la Ley de Emergencia Social aprobada en Diciembre es un avance para el sector. La lucha llevada adelante por distintos movimientos sociales para conseguirla así lo refleja. Pero la demora en la reglamentación y posterior implementación por parte del gobierno demuestra las verdaderas intenciones del equipo del Ministerio de Carolina Stanley, el cual actualmente no lleva adelante el registro reglamentado en la ley sino que, debido al aumento de la conflictividad social, se encuentra implementando un ingreso a programas que cambian de nombres pero que mantienen la matriz de planes anteriores. Con salarios que se encuentran más de tres veces por debajo de la canasta básica total, que a enero de este año alcanzaba los $13.000, e incluso por debajo de la canasta básica alimentaria, la cual supera los $5.000.
El principal debate en torno a esta ley pasa por la pelea contra la institucionalización de la informalidad. Es sabido que el ministerio de Desarrollo Social aplica una lógica asistencialista, de planes sociales, mientras las organizaciones sociales proyectan avanzar en mayores derechos laborales, formales, contra la precarización y con el horizonte de ingresar a planta permanente. En tanto se avance en una democratización del Consejo del Salario, donde se reflejen las voces de las distintas organizaciones, se darán pasos en pelear de forma unitaria por mejorar las condiciones de contratación de millones de precarizados/as.
Trabajadores/as precarizados/as, ocupados/as y burocracia sindical
La táctica utilizada por el triunvirato piquetero es avanzar en mayores grados de alianza con la CGT. Así lo plantean desde la CTEP “Pensamos que tiene que haber una sola central que agrupe a los trabajadores del sector público, privado y de la economía popular, más allá de las tendencias internas que puedan haber, porque lo contrario debilita a la clase y es funcional a los intereses del capital”.
El pasado 7 de marzo quedó explícito el papel que cumple la burocracia sindical de la CGT, cuando miles de trabajadores desbordaron las conducciones burocráticas exigiendo que se ponga la fecha del paro general para hacer frente al ajuste y los despidos. Plantear actualmente mayores grados de unidad con una central donde las conducciones burocráticas son repudiadas por sus propias bases cumple un rol desmovilizador y de legitimación de los mismos sectores que hoy llaman a un paro “contra nadie” y para “quedarse en casa tomando mate”.
Los movimientos sociales y de trabajadores/as desocupados/as y precarizados/as se han ganado un lugar en la lucha política en nuestro país. Históricamente relegados por las centrales sindicales, entendemos que el rol ganado a fuerza de luchas en las calles no puede ser puesto en esta coyuntura detrás de proyectos que abonen al “diálogo responsable” con los empresarios que hoy se encuentran en el gobierno. Es esta táctica la que garantiza y es funcional a los intereses del capital. Incorporar en la agenda de los movimientos sociales una lucha por la genuina democracia del movimiento obrero, que supere las conducciones burocráticas es un punto central en el pliego de nuestro sector, siguiendo el ejemplo de conducciones como las de los trabajadores de la línea 60, de la federación de aceiteros o del SUTNA, para nombrar algunos casos.
La alianza entre los distintos sectores de nuestra clase es estratégica. Pero este no debe ser un planteo abstracto sino que debe impulsarse en la medida en que contribuya a un avance en los derechos de las y los trabajadores. Seguiremos abonando a esta táctica sin dejar de hacer explícito nuestro rechazo a los posicionamientos de aquellos sectores burocráticos que legitiman un gobierno de y para los ricos.
Piquetes y lucha en las calles
Distintas organizaciones sociales -entre ellas el FOL (Frente de organizaciones en Lucha), la Corriente Clasista René Salamanca y el MTD Aníbal Verón-, llevaron adelante un acampe en las puertas del ministerio de Desarrollo Social el pasado mes de Marzo. A partir del mismo se lograron incorporar 5 mil puestos de trabajo entre distintos programas de empleo, demostrando que la voluntad de diálogo del gobierno depende de las movilizaciones y las luchas en las calles. Movilizaciones totalmente estigmatizadas por los grandes medios de comunicación, los cuales han llegado a pedir abiertamente la represión sobre los sectores más humildes de las y los laburantes.
Poner el foco en la represión tiene claramente como objetivo ocultar las causas estructurales que hacen que uno de cada tres habitantes del país sean pobres. Niega la discusión sobre el modelo económico de hambre implementado por el macrismo. Genera las condiciones para que un camión pase literalmente por arriba de un piquete en la localidad de San Lorenzo, Santa Fe, asesinando al compañero Jonathan Gardini. O da lugar a que la policía en el conurbano bonaerense reviente un comedor comunitario en pleno funcionamiento -es decir con decenas de niños y niñas en el lugar-, como sucedió en el comedor del MTE en la localidad de Lanús.
Los movimientos sociales tenemos el desafío de seguir enfrentando al neoliberalismo en las calles, en unidad, sin renunciar nunca a nuestra independencia política, con un claro horizonte de avanzar no sólo en nuestros derechos como laburantes sino principalmente en la construcción de la patria grande con la que soñaran San Martín y Bolívar, que no es otra que la patria Socialista. Con ese objetivo soñamos, con la firme convicción de Vencer.