Criminalización de la protesta: represión a cara descubierta


Trascendió, sin firmas, un proyecto de ley de reforma del código penal que agrava varios delitos cuando el autor participe de una manifestación pública con “elementos contundentes” o la cara tapada. El texto y sus fundamentos dejan a la vista que el embate represivo del gobierno de Cambiemos contra el pueblo trabajador apenas está comenzando. Nuestra tarea es organizarnos para enfrentar ese desafío.

En las últimas horas se conoció el texto y considerandos de un proyecto de reforma del código penal que propone incorporar a los arts. 104 (abuso de armas), 149 bis (coacción), 149 ter (coacción agravada), 184 (daño) y 194 (interrupción del tránsito) del código penal la circunstancia agravante de que se trate de una persona “participando en una manifestación pública”, que porte o utilice “elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes” o “con la cara cubierta de modo de impedir su identificación”.

Aunque en forma constante el estado y sus gobiernos de turno actualizan y perfeccionan los mecanismos legales para reprimir la movilización y la organización del pueblo, esta iniciativa avanza descaradamente en ese sentido hasta extremos nunca vistos.

Para comprender el espíritu del proyecto basta con leer el último párrafo de sus considerandos:  “Frente al debate de legos y de expertos, que parece no encontrar consenso en calificar a esos palos amenazantes y las caras cubiertas en los piquetes como armas de intimidación, amenaza, extorsión, vemos necesario introducir la tipificación específica y el agravamiento de las penas en los delitos así perpetrados, dando a las autoridades policiales y a los jueces y fiscales intervinientes la facultad indubitable de disuadir, impedir, detener, reprimir y arrestar y procesar penalmente a las personas implicadas en tales ilícitos”.

Un poco más arriba, se reconoce que, en verdad, con la letra actual del código penal alcanza y sobra para reprimir cualquier tipo de protesta, como bien lo sabemos, con miles de compañeros criminalizados en todo el país, y expresamente se admite que la literalidad de la mención a palos y caras tapadas es una “enérgica reafirmación legislativa … para no dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados”. Es decir, una imperativa bajada de línea a las autoridades judiciales para indicarles cómo interpretar y aplicar la ley penal contra cualquiera que se movilice o manifieste públicamente. De hecho, después de la autorreferencial mención al protocolo antipiquetes, repite que palos y capuchas “no deben ser materia de interpretación, objeto de analogías impropias del Derecho Penal, o sujetas al relativismo moral o a la hipocresía descarada”, frase que se anticipa a algún fallo mínimamente razonable que pueda señalar la diferencia entre una caña de bandera o banderín y una lanza, o que admita que taparse la cara frente a las cámaras de los espías e infiltrados policiales o de otras fuerzas es una legítima medida de autodefensa.

No faltará quien argumente, en defensa del proyecto, que, en definitiva, de lo que se trata es de la comisión de delitos. La respuesta la dio, hace 50 años, Rodolfo Walsh, cuando decía que “…los antecedentes los pone la policía, y el revólver también…”. Es que, como vemos a diario, los detenidos y detenidas en embates represivos a movilizaciones son acusados por un puñado de delitos tan típicos que en el ambiente antirrepresivo les decimos “el combo manifestación”: atentado y resistencia a la autoridad, daño, lesiones e interrupción del tránsito vehicular. Del mismo modo, figuras como la coacción, la coacción agravada, la intimidación pública y la prepotencia ideológica son las habitualmente usadas cuando se busca subir el voltaje en la persecución a luchadores.

Con este proyecto, el macrismo francamente ratifica que lo que hasta ahora venimos denunciando en materia de avance represivo es apenas el comienzo. Ahora van por la actualización de la legislación para el control y disciplinamiento de la protesta y las organizaciones populares, apenas días después de que anunciaran la compra de sofisticado (y carísimo) armamento con tecnología de última generación para la represión, con cañones que disparan espuma que se solidifica al tocar los cuerpos de los manifestantes o que emiten sonidos insoportables para el oído humano, un método de tortura tan clásico como las picanas Taser.

Enfrentarnos a esta situación requiere estar más organizados para poder dar respuestas ante cada hecho represivo, ante cada detención, ante cada ataque, con mayor rapidez y de forma contundente. Somos muchos, y seremos cada día más, los que no estamos dispuestos a dejar las calles ni a bajar los brazos para defender nuestros derechos.