Arderán las calles hasta que todo sea como lo soñamos


Más de 90 mujeres fueron asesinadas en los primeros 4 meses del año. El dolor y la bronca se acumulan junto a cada nombre y las escenas de violencia se repiten. Las prácticas opresivas del machismo y el patriarcado buscan adoctrinar nuestros cuerpos que se mantienen en lucha, a base de violencia y tortura, mientras el Estado genera todas las condiciones para que cada día, una nueva mujer sea asesinada, por el sólo hecho de ser mujer.

Mientras Eva de Jesús “Higui” se encuentra presa, los femicidas recorren las calles. Mientras Belén estaba presa, cientos de policías negociaban una nueva tarifa con el proxeneta o tratante de la zona. La misma justicia que condenó a Reina Maraz, dio libertad a femicidas, abusadores y golpeadores. Es la misma justicia machista que todavía tiene presa a Dayana Gorosito en Córdoba.

No hemos siquiera llegado a mitad de año y ya son un centenar la cantidad de mujeres y travestis asesinadas en manos de varones violentos. La cultura machista y violenta, opera con amedrentamiento, infundiendo el miedo sobre nuestros cuerpos e intentando adoctrinarnos a base del dolor y la pena.

El Estado por supuesto juega un importante papel en perpetuar esta realidad. Cientos de mujeres desaparecen año a año, secuestradas por redes de trata con fines de explotación sexual. Otras cientos mueren tras practicarse abortos en condiciones clandestinas porque el Estado no nos garantiza el acceso a este derecho. Y muchas otras son violadas, abusadas y asesinadas en manos de hijos bien sanos del patriarcado, varones que crecen y se educan en esta sociedad creyéndose dueños de nuestros cuerpos. En todas y cada una de estas violencias está la acción o inacción del Estado que también es femicida, aunque se muestre como testigo ajeno de nuestra muerte.

La no implementación de una política pública real, que combata y prevenga la violencia contra nuestras vidas, que garantice la atención integral a cada mujer violentada; el avance contra nuestros derechos como la salud, la educación sexual integral, la anticoncepción gratuita, son sólo muestras del carácter machista del Estado en unidad constante con las premisas que declaran los sectores más conservadores, con la iglesia a la cabeza (institución más preocupada por evitar la sanción del aborto legal y el repudio a las identidades disidentes, que por penalizar a sus curas abusadores).

Ni siquiera el Congreso nacional pudo consensuar la Emergencia Pública Nacional por Violencia de Género, proyecto que impedía recortar (entre otros puntos) las partidas presupuestarias para la implementación de la ley 26.485.

¿Y el Consejo Nacional de las Mujeres?

Bajo el comando de la funcionaria Fabiana Tuñez, el Consejo Nacional de las Mujeres ha desempeñado un papel ineficaz en la lucha contra las violencias hacia las mujeres y, por tanto, cómplice de las mismas. Políticas no implementadas, aval a cada recorte presupuestario, re-victimización y ejercicio de la violencia contra las víctimas, son algunas de las mejores acciones que ha sabido llevar adelante el CNM. En este sentido, es que nuevamente denunciamos a Fabiana Tuñez como principal responsable de la inacción de la autoridad capaz de exigir al gobierno de turno, la implementación efectiva de la Ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

También denunciamos que tras el femicidio de Micaela, el CNM junto con el gobierno nacional sólo atinaron a crear una “mesa de trabajo sobre femicidios para la elaboración de protocolos y guías de actuación para las fuerzas de Seguridad”. Una comisión que ya estaba creada desde 2013 y sólo tuvo reuniones escasas veces. Ningún protocolo fue creado y mucho menos se habilitó cualquier tipo de asistencia real que pueda prevenir o asistir a mujeres en situaciones de violencia.

Por otra parte, no sólo se “crea” una mesa de trabajo que no funciona, sino que se hace a puertas cerradas y sin la participación de organizaciones de mujeres, feministas, sociales o políticas que diariamente ponemos nuestro cuerpo para enfrentar la violencia machista en los barrios, las escuelas, los trabajos, las casas y las calles.

Esta es la mejor garantía del Estado y sus gobiernos: crear espacios disfuncionales, sin validez ni acción, para no cambiar nada. Mientras tanto somos las mujeres del pueblo las que continuamos en situación de despojo y constante peligro.

Una cuestión de clase, una cuestión de género

La violencia machista lleva consigo no sólo una cuestión de géneros, sino también de raza y de clase. Y el Estado es garante de esa violencia, que sobre todo apunta a los cuerpos más resistentes y combativos. Porque la historia nos demuestra que las mujeres hemos jugado un papel determinante en los cambios que torcieron el curso de la realidad imperante. No sólo en materia de derechos fundamentales, sino también en cambios culturales y estructurales que la sociedad machista aún rechaza.

No es casual que cuando nos rebelamos ante los roles impuestos socialmente (del cuidado, la limpieza, la maternidad obligatoria o la heterosexualidad obligatoria) la respuesta punitiva sea mayor. El mandato patriarcal depende en gran parte del mandato de sumisión de las mujeres y esa sumisión se consigue por la fuerza si es necesario. Por eso el aumento de la violencia, por eso la ascendente criminalización de nuestros cuerpos feminizados.

Tampoco es casual el hostigamiento por parte del gobierno nacional, que apunta sus cañones contra todo el pueblo trabajador, fundamentalmente contra nosotras, trabajadoras, pobres, mestizas o migrantes. La violencia sistemática se profundiza, cuando es una mujer de nuestra clase y la respuesta es el silencio ante la necesidad de asistencia legal, psicológica, económica, cuando la salud pública se desfinancia día tras día, o cuando en los medios de comunicación masivos la que apareció muerta era una piba pobre que “en algo raro andaba”. Ante nuestros problemas, la respuesta de los de arriba es la criminalización, es construir la idea de que la propia víctima es la responsable de su crimen.

Un sistema judicial machista y cómplice de femicidas.  Un sistema punitivo que criminaliza a jóvenes pobres y travestis

El reciente femicidio de Micaela reabrió el debate sobre las respuestas punitivas y el rol del sistema penal en nuestro país. Sebastián Wagner, quien estaba preso por dos violaciones, fue excarcelado antes de cumplir la totalidad de su condena, por el juez entrerriano Rossi, otro juez que privilegió el relato del victimario, antes que el de las víctimas de violencia.

Rossi no es el primer caso, también están los responsables de las condenas que sufrieron Belén, Reina Maraz, Dayana Gorosito e Higui (sólo por mencionar los casos que han tenido mayores repercusiones) cuatro mujeres víctimas de la criminalización de jueces machistas que reproducen la justicia patriarcal ante cada dictamen.

La ministra de seguridad Patricia Bullrich, propuso en el Senado de la Nación, un proyecto que no sólo propone aumentar la pena de cárcel a aquellos que cometan crímenes, sino también busca implementar mayor fuerza policial en las calles. Muy lejos de ser algún tipo de solución o paliativo, esta medida va en sintonía con el resto de las políticas gubernamentales. Sabemos lo que esconde este proyecto: propone una respuesta de mayor violencia y hostigamiento a jóvenes, mujeres y niños/as de nuestro pueblo pobre, antes que resolver la inasistencia a las víctimas de violencia machista y, fundamentalmente, la aplicación de una política integral que apunte a las causas de la violencia machista.

En vez de implementar el cupo trans/travesti, en vez de asistir económicamente a las mujeres jefas de hogar, o crear refugios como indica la ley, prefiere asignar a la cárcel y los penales un rol de “reinserción”, cuando bien sabemos que hoy los penales hacinan a miles de jóvenes y travestis que el mismo Estado ha arrojado a la miseria, sin posibilidad de vivir dignamente.

Nosotras no necesitamos más policía, necesitamos terminar con el patriarcado y su cultura del varón violento. Nosotras exigimos que se cumplan los mecanismos de prevención que obligatoriamente deben existir y exigimos también la destitución de todos los jueces machistas que mantienen la condena a todas las mujeres que sufren violencia.

A los femicidios y la violencia machista los enfrentamos en las calles

Nuestra historia nos enseña que si la vida que vivimos no es digna, dignidad será luchar para cambiarla. Los últimos años, miles de mujeres hemos salido a las calles para exigir por una vida plena. Y si bien hemos conquistado algunos derechos y hemos avanzado en niveles de organización y conciencia, todavía faltan las transformaciones fundamentales. Es por eso que debemos dar un paso adelante en nuestra lucha, organizar nuestra bronca con un plan de lucha en las calles, para exigir al Estado nuestras propias demandas urgentes.  Es necesario que las organizaciones feministas, de mujeres, sociales y políticas, realicemos manifestaciones de lucha contundentes para enfrentar la avanzada de este gobierno machista, misógino y patriarcal y para frenar el avance de la violencia sobre nuestros cuerpos.

Exigimos al Estado, la implementación de la ley 26.485. Ley de emergencia de violencia de género: mayor presupuesto para asistir a cada mujer, $6 por mujer es insuficiente para acompañar y asistir a mujeres en situación de violencia. Exigimos la conformación de un comité de crisis con participación de las organizaciones feministas, de mujeres, sociales y políticas.

Exigimos el acompañamiento para mujeres en situación de violencia o vulnerabilidad social. Se necesitan espacios abiertos, profesionales, herramientas e insumos para asistirnos. También exigimos que se dupliquen la cantidad de centros integrales de atención.  Asistencia real a las mujeres víctimas de violencia: asistencia económica, legal y psicológica.

Queremos que se cumpla la Ley de cupo laboral trans y travesti. Capacitación laboral y trabajo genuino.

Exigimos nuestro derecho a acceder a centros de salud y ser asistidas. Exigimos el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como el aborto legal, seguro y gratuito. Exigimos el fortalecimiento de los programas de salud sexual junto con la implementación de la Educación sexual integral en las escuelas.

Por último, exigimos sanciones para jueces machistas y patriarcales. Exigimos sanción a los canales de TV o medios de comunicación que promuevan la cosificación de las mujeres o que difundan imágenes que re-victimicen a nuestras mujeres, trans o travestis. Nuestros cuerpos no son mercancía.