La represión que está y la que se viene


Todos los días nos enteramos de renovados episodios represivos, que vienen confirmando una tendencia inusitadamente creciente. Paralelamente, el gobierno y sus propagandistas mediáticos desarrollan una campaña masiva de cooptación de consenso, tanto hacia la represión actual como para legitimar la instalación de nuevos dispositivos punitivos, lo que plantea un doble desafío para el pueblo trabajador.

Un breve repaso de las noticias que nos llegan a diario permite confirmar que no exageramos cuando decimos que el gobierno de Cambiemos viene profundizando la acción represiva en todos los ámbitos. Por una parte, se han masificado las detenciones arbitrarias de todo tipo, con pibes y pibas de los barrios constantemente hostigados y humillados, arrestados y apaleados, situación semejante a la que padecen los trabajadores precarizados que sobreviven en la vía pública (manteros, artesanos, vendedores ambulantes, trapitos, etc.). Por la otra, el espionaje y la infiltración son moneda corriente que enfrentan los trabajadores organizados, como lo prueba el caso testigo del SUTEBA Tigre, junto con la represión directa en movilizaciones, manifestaciones, tomas de fábricas y cualquier instancia de lucha contra el también permanente avance antiobrero y antipopular de la gestión macrista.

En apenas unos pocos días, después del fin de semana signado por la represión a los cortes de los accesos a la ciudad de Buenos Aires en la jornada del paro general, el desalojo militarmente dirigido de la planta de AGR-Clarín y el ataque a los docentes en Congreso, se sucedieron las detenciones con graves acusaciones penales de Agustín Santillán y otros integrantes del pueblo wichi en Formosa; la policía santacruceña cargó contra los docentes, jubilados y estatales que protestaban frente a la casa de la gobernadora Alicia Kirchner; una patota paraestatal disparó armas de fuego contra un local de la Corriente Villera Independiente en la Villa 21-24; un merendero del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) de Villa Rosa sufre la amenaza de desalojo; un contingente de una comunidad originaria de Quitilipi, Chaco, que llegaba a CABA para reclamar por sus tierras ancestrales en riesgo fue interceptado por la policía, que incautó los micros y sus pertenencias y los dejó bajo la lluvia en la Costanera Sur; fueron decomisados los equipos de dos radios autogestivas y comunitarias de Merlo y Virrey del Pino y sus directivos quedaron imputados penalmente por comunicar.

Simultáneamente, el gobierno impulsa una modificación del Código Penal destinado a endurecer las penas de varios delitos cuando concurran las “circunstancias agravantes” de que se trate de una manifestación pública, o que la persona porte elementos contundentes (como las cañas de una bandera) o se cubra la cara, a la vez que vuelve a la carga con una reforma de la ley 24.660, de Ejecución Penal, que busca eliminar todo vestigio de beneficios y derechos a los condenados por delitos comunes (salidas transitorias o laborales, libertad asistida o condicional, etc.).

En ambos casos se advierte cómo se integra el aparato hegemónico de los medios de comunicación en la ejecución de las políticas represivas del gobierno. En el segundo, vienen justificando la reforma de la ley de Ejecución Penal con el crimen de Micaela García, agitando la circunstancia de que el violador y femicida había sido condenado por dos violaciones previas y fue liberado tras cumplir algo más de 7 años de la pena de 9 que le habían impuesto. Fue esclarecedora, sin dudas, la contundente respuesta del movimiento de mujeres, que, en la voz de la antropóloga Rita Segato, que se definió como “feminista y anticarcelaria”, repudió la demagogia punitiva a la par del garantismo misógino. Es que, claramente, la problemática de la violencia patriarcal y machista, con su peor correlato, las violaciones y femicidios, no se resuelve con un par de años más de cárcel para los pocos que son juzgados y condenados, como tampoco tienen efecto disuasivo frente a otros delitos el aumento de penas o la prohibición de la excarcelación.

En el primer caso, el proyecto de reforma del Código Penal para penalizar en forma directa y específica las movilizaciones y manifestaciones recibió la bendición del diario La Nación, en una columna de opinión firmada por uno de sus “periodistas estrella”, Joaquín Morales Solá. Bien ensamblado con el discurso que viene instalando el diario de los Mitre a partir del 24 de marzo, para estigmatizar como violento al movimiento de Derechos Humanos y antirrepresivo independiente, al que tildan de “intolerante”, Morales Solá justificó: “Durante 12 años, las fuerzas policiales fueron agredidas por manifestantes, y también lo están siendo durante el gobierno de Mauricio Macri”. Para sostener semejante mentira, que no resiste la pura verdad histórica que nos muestra que siempre ha sido el pueblo trabajador el que puso el cuerpo bajo los palos, las balas y los gases, con el costo inmenso de 70 asesinados en la represión a movilizaciones y manifestaciones desde 1995, 21 de ellos desde 2003, Solá recurrió a la defensa institucional de la gendarmería, por ejemplo, a la que declaró ajena a los asesinatos de Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el Puente Gral. Belgrano de Corrientes el 17/12/1999, y calificó las muertes de Darío Santillán, Maximiliano Kosteki y Carlos Fuentealba como casos “emblemáticos” de fuerzas policiales que “le tiran un muerto al gobierno”.

Desde esa falsedad básica, celebra el articulista que el proyecto anti-manifestaciones ya no es solamente una iniciativa macrista, sino que hay una “negociación avanzada” de la que participan los ministros de Justicia y de Seguridad de la Nación, Germán Garavano y Patricia Bullrich, y los senadores peronistas Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. Y amplía: “En concreto, el proyecto que circula entre los negociadores aumenta a entre tres y seis años de prisión la pena para el que intimide o agreda a un funcionario público y a las fuerzas de seguridad que le presten asistencia. La pena será de cuatro a ocho años de prisión si la agresión se diera en el contexto de un piquete o se usaran armas, palos, proyectiles o material explosivo. (…) también prevé penas de seis meses a un año de prisión para el que desobedezca una orden de cumplimiento inmediato emanada de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.”.

Teniendo en cuenta anteproyectos similares del Frente para la Victoria y el Frente Renovador, La Nación da por seguro que hay una mayoría más que suficiente en el congreso para que la medida prospere, y naturalmente sólo avizora, con razón, la oposición de “la izquierda y los movimientos sociales”, a los que sin ningún protocolo festeja que la reforma disciplinará, porque, sostiene “los piqueteros tienen temor a la cárcel”.

Naturalmente omite que crecen a diario los motivos para organizarnos, manifestarnos y protestar; que el propio FMI calcula que este año, en Argentina, los salarios no alcanzarán a la inflación; que el Indec confirmó que en 2016 el sector privado perdió 70.000 puestos de trabajo, y que la combinación de aumentos de precios, caída en el poder adquisitivo del salario e incremento en el desempleo arroja como resultado un deterioro en la distribución del ingreso, circunstancias que, en cambio, tiene bien presentes el gobierno, que por eso se apronta a pertrechar más a su aparato represivo. Sólo en CABA se dispuso una partida de 127 millones y medio de pesos de los vecinos para equipar a la policía local con equipamiento antidisturbios que incluye cascos, máscaras antigases, escudos y protectores de poliamida para todo el cuerpo, carabinas y lanzadores de pintura y gas pimienta, sin mencionar la tecnología de última generación como los sistemas de emisión de sonidos insoportables para el oído humano, verdadero método de tortura, y los cañones que disparan una espuma que se solidifica e inmoviliza al manifestante al tomar contacto con su cuerpo.

Es doble el desafío que debemos enfrentar desde los sectores populares. Por un lado,  hay cada vez más motivos para protestar y luchar por nuestros derechos. Por otro, se acrecientan las amenazas con las que pretenden disciplinarnos. Debemos profundizar la organización y reforzar los marcos de unidad para defendernos de los ataques actuales, y los que vendrán.

En consecuencia, deben ponderarse como parte de las tareas militantes los métodos de seguridad en movilizaciones, piquetes, agitaciones y demás; los cuidados entre compañeros y compañeras; las concentraciones y desconcentraciones coordinadas; y la preparación para eventuales situaciones de detención o de represión.

A su vez, debemos destacar que es central desarrollar consignas de agitación y propaganda en rechazo a esta situación represiva, que se propone ser un canal para llevar adelante el ajuste contra nuestro pueblo.

¡Abajo el nuevo código penal!

¡Libertad de las y los presos políticos!

¡Basta de gatillo fácil y detenciones arbitrarias!