Mendoza: Contra el intento de desafuero y el cierre de las causas a los legisladores del FIT y dirigentes sindicales


Tres legisladores del FIT y dirigentes sindicales fueron imputados por “impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra”, la acusación se debe a la presencia de los mismos en las calles el día del paro nacional del 6 de abril. Este martes 30 de mayo las organizaciones sociales y políticas nos concentramos en Legislatura exigiendo que se cierre la causa que criminaliza la protesta.

El pasado 6 de abril las y los trabajadores logramos arrancarle a la burocracia sindical de la CGT el primer paro nacional del 2017. Luego de echar a la cúpula de esta central obrera del acto realizado en la movilización del 7 de marzo y exigirles que “pongan la fecha”, los sectores combativos salimos a las calles el 6 de abril. Mientras la burocracia buscaba que fuera un paro “dominguero”, un tapón contenedor de las luchas de la clase, nos movilizamos en todo el país contra el ajuste macrista.

En el marco de esta jornada nacional de lucha, varias organizaciones sociales y políticas, entre quienes estuvieron los partidos del FIT y la CTA autónoma decidieron concentrarse y cortar la intersección de San Martín y Vicente Zapata, en el centro de la ciudad mendocina. El gobierno de Cambiemos no dudó en desplegar su respuesta represiva en todo el país y en Mendoza particularmente lo hizo con una gran cantidad de policías en la calle y vallando por completo la Legislatura provincial. Esa misma mañana tanto el FIT como la CTA fueron multados con 40 mil pesos, por infringir el Código de Convivencia de la Municipalidad de Capital al cortar la calle.

El viernes 26 de mayo el gobierno de Cornejo dio un paso más en el avance contra los trabajadores y las organizaciones combativas; imputó a los diputados que estaban presentes en el corte, Lautaro Jimenez (PTS), Víctor Dávila (PO) y Héctor Fresina (PO), a los dirigentes sindicales Guillermo “Polo” Martinez Agüero (CTA), Raquel Blas y Jorge Chávez (ATE), Jonathan Neira (delegado de Atomo supermercado) y al abogado y militante del PTS Enrique Jasid. Se los acusa de violar el artículo 194 del código penal y se pide el desafuero de los legisladores provinciales.

El artículo 194 data de 1968 y fue emitido por el Gral. Onganía con la clara intención de impedir la protesta social. Hoy, y amparándose en legislación nacida de una dictadura, el mismo es utilizado por el gobernador radical Alfredo Cornejo con el fin de aleccionar al conjunto de la clase trabajadora. Mientras, Néstor Parés, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia ya se pronunció con respecto al desafuero de los legisladores y dijo estar dispuesto a votar a favor del mismo en caso de que llegue a la Legislatura.

Resulta evidente el clima de persecución y criminalización de la protesta social impuesto por el gobierno de Mendoza, que ahora imputa a compañeros organizados pero que hace pocos meses también detuvo a vecinos del asentamiento Castro cuando reclamaban por condiciones dignas de vivienda.

Ante este grave panorama, diversas organizaciones sociales y políticas nos concentraremos el próximo martes 30 de mayo a las 11hs. en Legislatura, en repudio de las imputaciones a los compañeros.

Desde el Frente Único Izquierda Revolucionaria – Hombre Nuevo expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones afectadas y convocamos a movilizarse unitariamente contra la política represiva de Cornejo.