Córdoba: Balance de la lucha de los trabajadores y trabajadoras del transporte


El negocio del transporte se encuentra atravesado por varios actores, desde el Intendente, los Empresarios hasta la burocracia sindical. Desde hace unos años los colectiveros y las trolebuseras, vienen viendo como se deterioran sus condiciones laborales y salariales bajo la intervención de UTA Nacional.

La precarización hizo mella en las bases: la elección de nuevos/as delegados/as expresó una base mucho más combativa, dispuesta a recuperar los derechos perdidos.

Al conocerse la negociación de la UTA Nacional en las últimas paritarias, fue la gota que derramó el vaso. La gran mayoría de los delegados y delegadas se manifestaron frente a la sede gremial -que está intervenida- con un doble reclamo: la reapertura de paritarias y las elecciones en el gremio. El conflicto estalló por fuera de la burocracia que se vio desbordada tras 9 días de paro y el ejemplo amenazó con nacionalizarse, asambleas en punta de línea de UTA Rosario, autoconvocatorias en Buenos Aires y la solidaridad con otros trabajadores y trabajadoras del volante comenzaba a asomar.

Por su parte, la burocracia de Córdoba miraba con desconfianza pero también intentó sacar alguna tajada de este conflicto que ya aparecía en los medios nacionales. El muy tibio apoyo de la CGT Rodriguez Peña puso a cuerpos orgánicos en la calle, pero el paro provincial que nunca llegó.

El negocio del transporte

El transporte en Córdoba, al igual que la basura, siempre ha sido una espina en el zapato para las gestiones que gobernaron la Ciudad, pero también un gran negocio. De la mano de Ramón Mestre, intendente de la Ciudad de Córdoba, la empresa ERSA desembarca con un pliego armado a su medida. Así es como Lusa (ERSA) se hace cargo de la mitad del Negocio de la Basura.

¿Cuál es la relación de Ramón con ERSA? ERSA pertenece a la familia Romero, la misma de familia del “Tato” Romero Feris, quien recibió varias condenas por delitos de corrupción durante su gestión como intendente de la capital correntina, cargo que ocupó entre 1997 y 1999 luego de abandonar la gobernación de la provincia y de donde fue desplazado por una intervención. En ese contexto, Romero Feris conoció al interventor mandado por el Gobierno de Fernando De la Rúa, Ramón Bautista Mestre, padre del actual intendente de Córdoba.

Dejando el caso de la basura en un costado, el Gran Negocio es el Transporte y Ramón lo tiene claro. Así fue que primero reconvirtió TAMSE (ex empresa estatal de transporte) en una empresa privada que con pliegos a medida, se la entrego a ERSA; para luego avanzar hacia otros corredores quedándose con un 50% de los mismos.

Claramente estos negociados los pagamos los y las cordobeses/as. Hace más de 20 años que Córdoba tiene el boleto más caro del país con un servicio ineficiente: Entre el 2011 (año en que asume Mestre) y el 2017, el boleto subió de $2,30 a $12,55 o sea un 545 %.

Mestre, militarización y disciplinamiento social

La respuesta a la huelga vino como una encerrona de todos lados. Desde el gobierno nacional, pasando por el provincial, hasta el Municipal bajo el ala de los empresarios y la burocracia sindical, el mensaje fue claro: disciplinar.

Por su parte, UTA Nacional desconoció toda negociación lo que prácticamente cerró el conflicto a favor de los trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, Mestre desconoció el acuerdo al cual se había logrado llegar el lunes 12 de junio pasado, exigiendo que se mantengan los despidos y no se paguen los días de paro. Así, salieron colectivos con guardia policial y gendarmería con “nuevos” choferes rompehuelgas. Sin respaldo claro del resto de los gremios, la estrategia del desgaste estaba planteada.

Esta metodología de disciplinamiento viene siendo aplicada por Mestre desde hace tiempo. Primero, con la estigmatización sobre los trabajadores y trabajadoras municipales a los/las cuales, en medio de negociación salarial (contra la ley) les publicó con nombre, apellido y dni, los sueldos que cobraban con el objetivo de que la población opinara sobre los mismos. De igual manera, denunció por amenazas, al secretario general del gremio de Municipales en la justicia.

Segundo, en la misma linea de disciplinar, la última demostración frente a otro gremio con poder de fuego, como la UTA, era necesaria sobre todo porque afecta a su propio negocio. El objetivo de los distintos sectores politicos patronales (ya sean oficialistas u opositores) es claro: disciplinar para flexibilizar. Por eso es que, anti-constitucionalmente, se aprobó en la Legislatura practicamente por unanimidad la prohibición de los paros de transporte. Una ley que va en contra del derecho a huelga de trabajadores y trabajadoras, declarando al transporte un servicio esencial y que por tal razón cualquier medida de lucha, deberá ser anunciada con 5 días de anticipación amenazando con la cárcel a quienes no respeten este proceso burocrático del Estado.

Nuestra respuesta como trabajadores y trabajadoras, debe ser contundente y en las calles.

¡Abajo la ley antihuelgas en el transporte!

¡Reincorporación de los compañeros despedidos!

¡Apertura de paritarias!