El Repunte: un crimen obrero de la patronal y el Estado


A partir del hundimiento del barco El Repunte en las costas patagónicas, con obreros de Mar del Plata, los medios no pudieron hacer otra cosa que empezar a hablar de aquello que está silenciado: las condiciones de trabajo de las y los trabajadores portuarios.

¿Qué es “El Repunte”? ¿De quién es? ¿Quiénes son los encargados de que los barcos en mal estado no salgan al mar? El barco “El Repunte” es propiedad de Luis Caputo y, junto a otros seis buques fresqueros de nuestras costas, pertenece a su empresa Ostramar SA. Este no salía al mar desde hacía tres años. Con algunos arreglos consiguieron hacer salidas para no perder la vigencia del permiso de pesca, aunque los mantenimientos fueron, literalmente, de chapa y pintura. Es un barco que, pensado para pescar merluza, no está preparado para la pesca de langostinos. En una de sus últimas salidas, volvió con una fuerte entrada de agua.

En el año 2015, un operativo de AFIP junto las fuerzas armadas allanó las oficinas y fábricas de Caputo. Rápidamente la noticia ganó el eco mediático, aunque luego prácticamente dejaría de existir para la prensa. La denuncia era por contrabando y evasión fiscal: sociedades anónimas uruguayas facturaban las operaciones de venta al exterior de langostinos y calamares, evitando pagar derechos aduaneros e impuestos a las ganancias. Se calculan en 5.600.000 de dólares las divisas que Caputo y Ostramar S.A dejaban en el exterior sin pasar por el Banco Central. El proceso quedó parado ya que la Aduana consideró que ese número era la diferencia entre subfacturación de las exportaciones y valor real, y no una evasión impositiva.

Nada más y nada menos que una clara muestra de cómo los empresarios obtienen cuantiosas ganancias sin reinvertir para fomentar la industria local o mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y redistribuir la producción para consumo interno. Caputo y los empresarios portuarios nacionales y extranjeros negrean laburantes, son responsables de crímenes obreros en tierra y ultramar, no invierten un solo peso en el arreglo de los barcos, y se llevan toda la plata y alimentos para afuera.

La reacción de las familias en Mar del Plata y Puerto Madryn en la mañana del martes 20 se hizo presente: el pedido de justicia por los tres trabajadores muertos, denunciando a Luis Caputo y a las autoridades. En algunos casos, pidiendo la presencia de uno de los sindicatos ausentes.

Algo de nuestra historia

El puerto de Mar del Plata cuenta en su historia con el famoso convenio colectivo del 75’, conquistado por un movimiento obrero con una extensa trayectoria de lucha, sindicatos formados por obreros anarquistas, comunistas y socialistas, con jornadas de paro extensas, derechos arrancados al estado y la patronal y una serie de mártires que murieron en esas luchas.

¿Qué pasó desde ese poderoso movimiento obrero con su convenio colectivo de trabajo, hasta nuestros días? 40 desaparecidos en la última dictadura militar integran los nombres de los desaparecidos/as marplatenses. Allí, genocidio mediante, comienza el vaciamiento y desguace de ese sistema que a partir del menemismo, y con una connivencia total de la burocracia sindical (al igual que los casos de ferroviarios y otras ramas), despide y suspende compañeros, cierra plantas, arma cooperativas truchas o empresas tercerizadas, reduce la cantidad de afiliados de los sindicatos y desarma la identidad de clase fomentando la competencia por los pocos puestos laborales.

La connivencia de la burocracia portuaria marplatense (del SIMAPE, SOMU y SOIP) con el empresariado, al igual que en otras ramas de Argentina, está presente ya en los nombres de familiares que integran los directorios de empresas, áreas de control de seguridad y testaferros. Un caso es Francisco de Leiva, quien forma parte del Consejo Federal Pesquero, encargado de brindar habilitaciones, y es, además, familiar de Caputo. También la burocracia es parte de la conformación de las listas negras que siguieron en la democracia (para ricos) siendo uno de los lugares donde cualquier obrero que asome mínimamente la cabeza o exprese no estar de acuerdo con una posición de la burocracia es callado y amenazado. Es esa misma burocracia que, incluso, ha llegado a garantizar paros a pedido de la patronal a fin de contener la sobreproducción, disfrazando la acción como si fuese una medida de lucha.

Los medios de comunicación, el gobierno, la patronal y la burocracia se esfuerzan en que sea una “tragedia”

Desde nuestra organización política, entendemos necesario el acompañamiento a las familias que han perdido personas, y la exigencia de búsqueda y esclarecimiento de la situación de los compañeros que siguen desaparecidos. Sin embargo el término “tragedia” que pretenden imponer los medios, el gobierno, la patronal y la burocracia, oculta lo que está de fondo. Presenta el caso como un hecho aislado, como un accidente espontáneo producto de la marea.

Luego del hundimiento de El Repunte son muchos los capitanes de barco que con videos en las redes sociales mostraron las condiciones en las que esos barcos salen a mar. “Chatarra flotando”, dice alguno. Barcos que superan los 45 años sin arreglos serios, y unos 720 marineros que arriesgan su vida trabajando. Las familias de los marineros no saben si van a volver, las y los fileteras/os son llamados a laburar esporádicamente con la oreja pegada a la radio, y un sinfín de enfermedades producto del agua y el frío para los pescadores/as y empaquetadores/as, son algunas de las condiciones laborales naturalizadas en el puerto marplatense. La única razón por la que los obreros se embarcan, pese a conocer que “les puede tocar a ellos”, es porque el salario en tierra es altamente deficiente para sostener día a día a la familia y llevar el pan a la mesa, un salario de miseria.

Esto no es un solo un caso regional. Pese a tener uno de los puertos más importantes de Argentina, y Argentina ser un país donde muchos países y multinacionales vienen a saquear los recursos, los datos del Centro Naval muestran que somos el país con más siniestros en pesqueros entre 1970 y el 2000. En los últimos 16 años, la Argentina registra 41 buques hundidos y 86 muertos. Ahora también, 7 desaparecidos.

El Estado también es responsable

Más allá de los convenios internacionales que la Argentina aceptó en 2015, la Prefectura Naval Argentina es la encargada, por ley nacional 18.416, de realizar las investigaciones primarias al ser la primera que tiene que llegar al lugar. Además, es la única capacitada en habilitar los buques, y es la encargada hoy de seguir continuando la búsqueda por los compañeros desaparecidos. Por esto, entendemos que todo pronunciamiento político debe expresar la denuncia tanto a la patronal como al Estado, que es cómplice del negocio millonario de la burguesía portuaria, y que permanentemente brinda permisos y subsidios para que éste se siga aumentando. Un ejemplo concreto es la inversión que anunció Vidal (en acuerdo con patronal y burocracia) en Diciembre del año pasado de 450 millones para reintegros de exportación, financiamiento para compra de insumos y combustible e implementación de líneas de crédito. En la Mar del Plata para unos pocos, el Estado garantiza que sean los empresarios portuarios, de transporte, de balnearios y servicios los que se llenan los bolsillos.

El intendente Arroyo quiso apaciguar la bronca de los familiares planteando 3 días de luto, desentendiendo el rol que el Ministerio de Trabajo tiene con las y los trabajadores de la pesca. Un lugar de complicidad, que en el mejor de los casos se reduce a cobrarle un impuesto de 1000 pesos a las patronales de las fábricas por cada trabajador/a en negro.

 

Sobre las tareas de trabajadoras y trabajadores

Desde el FU Izquierda Revolucionaria – Hombre Nuevo, planteamos la necesidad de la renovación de la flota pesquera como sostienen distintos espacios políticos. Sin embargo esta renovación debe ser financiada por la patronal, encargada de garantizar las condiciones necesarias para que la precaria situación de la flota pesquera no cause ningún hundimiento más. También planteamos como una necesidad latente la creación de un comité mixto de seguridad e higiene (con el ejemplo de los Aceiteros) con presencia de trabajadores/as que garantice las condiciones necesarias.

Sólo con la organización democrática y de base de las y los trabajadores portuarios y sus familias es posible conseguir que se avance en esta tarea para la etapa. En conjunto con esto, es necesario luchar por el pase a planta permanente, el cierre de las cooperativas truchas y la contratación directa en cuanto a condiciones laborales.

Los y las trabajadoras somos las únicas que nos podemos poner a la cabeza en la tarea de pensar, realmente, la función social de esta producción, y así luchar para lograr que se deje todo el pescado a tierra, en contra de la extranjerización, la pesca de arrastre y la depredación ambiental.