¿100 años de perdón?


Terminado el primer semestre de 2017 los economistas del gobierno siguen anunciando inversiones e ingreso de dólares a nuestro país, pero lo único que aumenta es la inflación y el ritmo de los despidos. Radiografía de una economía estancada, dependiente y marcada por el endeudamiento del siglo. Las políticas de ajuste del gobierno y la necesidad de resistencia de la clase trabajadora.

El gobierno de Macri planteó desde un primer momento, que su objetivo era reinsertar a Argentina en un mundo que abría cada vez más sus fronteras, por lo menos las del capital.  Normalizó las relaciones con el FMI, pagó todo lo que pedían los fondos buitre, viajó a Davos, recibió a Obama, levantó las restricciones a la movilidad de los capitales golondrina en el país, derogó la norma que obligaba a las empresas extranjeras a reinvertir una parte de sus utilidades en la Argentina, etc. También fue a rendir pleitesía y a mendigar inversiones a las dos más grandes potencias mundiales: viajó a visitar a su “amigo” Trump y a Beijing, buscando posicionarse además como líder de la ofensiva conservadora y reaccionaria en América Latina. Finalmente, en un gesto de brutal sumisión, emitió un bono a 100 años para generar “confianza en los mercados” y resolver los problemas de déficit endeudando –una vez más- a varias generaciones de argentinos.

Dentro de ese esquema, las consecuencias de la caída económica de Brasil y nuestro propio estancamiento económico se solucionaban para el gobierno, ofreciendo a Argentina como mercado alternativo para los capitales que inundaban el mundo ante la baja tasa de interés estadounidense. Pero la realidad se aleja todos los días de esas expectativas.

Aclarando el panorama

Las proyecciones de un crecimiento para el segundo semestre de 2016 se vieron rápidamente desmentidas, cambiando el discurso de los economistas del gobierno por un tímido “brotes verdes”. La preocupación principal de Macri, de ajustar la economía a las necesidades del capital internacional, se vio entorpecida por la inestabilidad económica reinante a nivel mundial y por el panorama electoral. La convicción de que un crecimiento en 2016 les daría una victoria en las legislativas, generó que en la actualidad el gobierno tenga que combinar políticas de ajuste en un contexto electoral.

La estancada economía argentina se encuentra ahora en una crisis generada por el propio Cambiemos, agravada por un plan que no termina de realizarse. La proyección de crecimiento económico del 3% planteada en el Presupuesto y la meta inflacionaria del 17%, se parecen más a una expresión de deseo que a una realidad. Los principales indicadores así lo demuestran.

Inflación y bicisenda financiera

El aumento generalizado de precios durante 2016 superó ampliamente las proyecciones del gobierno: del inicial objetivo de cerrar el año en un 30% de inflación pasamos a la realidad de un 40%. Para este año, mientras las proyecciones oficiales estimaban cerrar con sólo un 17% de aumento inflacionario, todas las consultoras privadas y el FMI inclusive (indiscutible amigo del gobierno) calculan el aumento de precios en un rango del 22 al 25% para 2017. Los más perjudicados son los sectores populares, ya que los rubros que superan la media son alimentos, bebidas, vivienda, educación. Es decir, en lo que gasta la mayor parte de su salario un/a trabajador/a.

Frente a este panorama, el gobierno aplicó una política monetarista. ¿Qué significa? Que para bajar la inflación, hay que imprimir menos billetes. A más pesos en circulación, más inflación porque se gasta más. Entonces el Banco Central y las tasas de interés se transforman en el eje principal de la pelea contra los precios. Hoy las tasas se encuentran alrededor del 26%, es decir por encima de lo que se calcula la inflación y la devaluación.

Y aquí se produce el gran negocio de la era macrista: la ya famosa bicicleta financiera. Los capitales ingresan al país venden sus dólares, compran Lebac a 35 días y se aseguran la tasa al 26% anual. Al mismo tiempo, firman contratos por dólar futuro que aumenta a un 18% anual. Luego, cobran los intereses de las Lebac y, si consideran que hay riesgo, realizan el contrato del dólar –vuelven a comprarlos- y se retiran del país. Es decir, en un movimiento sencillo y sin ningún riesgo (el BCRA siempre paga porque tiene la maquinita de hacer billetes) tienen una ganancia de un 7% u 8% anual en dólares, una de las más altas del mundo. Esto obliga al BCRA a mantener la tasa alta para poder renovar las letras, ya que si los capitales golondrina consideran que son bajos sencillamente se van.

Pero lo más importante es el serio riesgo de una corrida cambiaria previa a las elecciones. Si todo el mundo calcula que el dólar se va a devaluar en noviembre, post elecciones, los que tengan pesos en Lebac cobrarán sus inversiones previamente y comprarán dólares entre agosto-septiembre-octubre. El riesgo de una corrida cambiaria en algún momento es muy alto, más aún con la volatilidad de la Argentina, agravada por las barreras que quitó el macrismo para que los capitales puedan entrar y salir en un día del país.

Siguiendo con las metáforas, si los capitales van en bicicleta, los laburantes quedamos a pie.

La deuda del siglo

Según un informe de la UMET, en el año y medio que lleva de gestión el macrismo, se calcula que la deuda pública y privada aumentó en más de u$s 80 mil millones. El nuevo ciclo de endeudamiento abierto el año pasado, se estira apuntando a revivir la obra pública en un año electoral y a dejar lo más duro del ajuste (si bien se mantiene) para después de octubre. Porque anulada la emisión de billetes del BCRA por lo mencionado anteriormente, la forma de financiar el déficit fiscal, de pagar las obras, de subsidiar el transporte sin afectar el clima electoral, es endeudándose cada vez más. Los recientes anuncios hacen prever que el gobierno volverá a tomar deuda en lo que resta del año por otros u$s 20 mil millones. Pero el caso más escandaloso es el nuevo bono a 100 años por u$s 2750 millones. Se calcula que por el mismo se terminará pagando tres veces el monto original.

Fiel a repetir los fragmentos más bochornosos de nuestra historia, el macrismo se jacta ante la mirada acreedora internacional de la seriedad y solidez de nuestro país, tal como lo hizo Rivadavia luego de declararse la independencia, endeudando al país por 120 años. El empréstito que tomó el primer presidente vino de la mano de la Baring Brothers y se terminó de pagar en 1947. Similar a las operaciones del macrismo, que se extienden hasta 2117 y endeudaron a las próximas 3 generaciones.

Por otra parte esta deuda financia la fuga de capitales y el giro de utilidades al exterior. Según distintas estimaciones, entre pago de intereses, atesoramiento y remisión de ganancias, se fueron del país unos u$s 25 mil millones. En criollo, por cada dólar que pagamos o que las empresas mandan al exterior, es un dólar más que el país debe pagar por 3 generaciones.

Inversiones, salarios y reforma laboral

Según datos del INDEC, la capacidad industrial utilizada hoy se encuentra en el 60%, el peor número desde 2002. Esto significa que las empresas tienen aún margen para aumentar su producción sin necesidad de invertir, sumándole complicaciones a la esperanza de Cambiemos de la llegada de inversiones frescas. Los sectores por debajo del nivel general son el automotriz (nada más que 40%), metalmecánica (53%), edición e impresión (57%). Los que se encuentran cerca de su límite son el petróleo (84%), papel y cartón (82%). En este sentido, las inversiones estarán mayormente apuntadas al sector energético, agrícola y la obra pública (aunque esta representa un porcentaje menor en el PBI). Entidades chinas financiarían -si efectivamente se cumplen las promesas y acuerdos- obras del Estado Nacional por casi u$s 25 mil millones en represas, ferrocarriles y centrales nucleares en los próximos años.

Pero son otros dos los motivos que se suman por los cuales las inversiones no llegan. En primer lugar, la crisis no termina de resolverse en Europa y Estados Unidos y los capitales multinacionales y de las grandes corporaciones imperialistas solo invertirán allí donde encuentren rentabilidad y ganancias que superen las que obtienen actualmente. Por ello, la tan buscada competitividad implica llevar los niveles de explotación local a la media de países dependientes donde la precarización laboral es aún mayor y donde los salarios son muy bajos. Para esto, el reclamo histórico de los empresarios es bajar el costo laboral. En este sentido, las reformas del macrismo no llegan a asegurar la tasa de ganancia que los empresarios esperan, no llegan aún a ser estructurales ni son tan profundas como el capital demanda.

Por otra parte, y para asegurar lo anterior, se busca garantizar acuerdos con las burocracias sindicales que eviten un incremento de la conflictividad social al tiempo que se garantice la no vuelta del kirchnerismo al poder político, miedo latente de los empresarios que -aún cuando se llenaron los bolsillos con su gobierno- consideran los límites del populismo a la hora de profundizar el ajuste que pretenden. Hasta ahora el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, se redujo en un 6% durante el año pasado. Para este año, el gobierno quiso imponer un techo del 18%, sobre todo para estatales y docentes, para licuar el gasto fiscal. Si tenemos en cuenta que ya hoy en día, la inflación supera la mayoría de las paritarias, el panorama indica que durante 2017 los salarios de los trabajadores y trabajadoras sufrirán un ataque de características similares. Por un lado, el Gobierno pretende así frenar la inflación. Pero el objetivo de fondo, es restituir la tasa de ganancia del capital, desplegándose en una estrategia que afecta tanto a salarios como condiciones de trabajo. Las famosas cláusulas gatillo implican sentarse a renegociar o, en el mejor de los casos, una actualización automática según inflación. Pero esto siempre es a posteriori por lo tanto, lo que se pierde, perdido esta.

Por otro lado, el Estado encara una ofensiva contra las condiciones del empleo. La nueva ley de ART es el puntapié inicial, pero el plato fuerte anunciado por el ministro Dujovne es una reforma tributaria que implica una reducción en las cargas patronales que pagan las empresas. La otra reforma anunciada para 2018 es la laboral, apuntando a discutir condiciones, productividad, presentismo, horas, etc. Si bien esto es lo más antipático de hacer en un año electoral, el gobierno ha iniciado esta tarea en negociaciones bilaterales con los burócratas sindicales, amigos del poder. Así, firmó convenios que empeoran las condiciones de trabajo de los petroleros, del SMATA, entre otros, a cambio de que las patronales no despidan (promesa largamente incumplida).

De la mano de la caída del salario real, hay numerosas variables que demuestran el impacto de la ofensiva del capital contra el trabajo y que ayudan a disciplinar al conjunto de la clase trabajadora. Por un lado, según datos del INDEC, entre enero y septiembre se perdieron 125 mil puestos de trabajo en el sector privado formal, por lo que se especula que en el sector informal deben haber alcanzado al doble. Sólo la construcción perdió 42 mil puestos, la industria 40 mil. Dentro de la industria manufacturera, las metalmecánicas se redujeron en 16 mil. El famoso acuerdo entre gobierno, empresas y CGT contra los despidos quedó en la nada.

En resumidas cuentas: hasta noviembre de 2016 se perdieron aproximadamente 150 mil puestos en el empleo formal. El mismo repuntó y lleva creados 88 mil puestos nuevos (sobre todo en construcción y empleo público). Pero en las últimas semanas, se multiplican los anuncios de fábricas que cierran. En sólo una semana, se perdieron mil puestos de trabajo entre Pepsico, Atucha y Puma. Así, más la gente que se suma a la búsqueda de trabajo, el desempleo llegó al 9,2%.

Des pa ci to

El Gobierno anunció durante este año un nuevo aumento de tarifas eléctricas de entre el 50 y 150%, mientras que la tarifa social aumenta un 35%, sumado a los aumentos de 2016 que significaron un 370%. A pesar de los aumentos, los subsidios pasaron de $ 157 mil millones en 2015 a $ 215 mil millones en 2016. Para el resto del año, se espera otro aumento de tarifas de electricidad luego de las elecciones. Faltan anunciar aún los tarifazos en gas (se calcula que alrededor del 100%) y transporte (30%). Claramente, son menores a los esperados, no vaya a ser que alguien se avive que estamos en elecciones.

En paralelo, el déficit fiscal no para de subir. En mayo aumentó un 127% con respecto al mismo mes del año anterior y ya son muchos los economistas neoliberales que advierten que, a este ritmo, no se cumplirá la meta. Pero el gobierno decidió tapar el agujero fiscal con endeudamiento como explicamos anteriormente. La cuenta fue sencilla: si ajustaban todo lo que pretendían luego de unas elecciones presidenciales tan ajustadas, tiraban a la basura el poco capital político con el que contaban y se exponían a una derrota segura en estas elecciones. Como dijo Durán Barba “si Macri hubiera hecho el ajuste que pedían, estaría sitiado en la Rosada rodeado de piqueteros”.  Si bien recortó gastos en diversos rubros (sobre todo sociales) los mismos no fueron del tamaño que se esperaban.

Conclusión

La volatilidad de la economía internacional y la propia, juegan en el escenario económico. El gobierno busca un repunte en la economía, para tener mayores posibilidades en las elecciones legislativas. Sin embargo el panorama es desalentador, ya que es poco lo que la economía crecerá este año, y es difícil que llegue a sentirse antes de octubre. Además, la inflación no frena. Las medidas tomadas en torno al salario y las condiciones de trabajo apuntan a una recomposición de la tasa de ganancia, con una necesidad coyuntural pero contradictoria de ajustar gradualmente para no perder las elecciones, mientras que se profundiza el recorte y las medidas a favor del capital transnacional para sortear la crisis internacional, lo que en definitiva marca el rumbo de las economías dependientes más allá de las pretensiones y las políticas del gobierno.

Ya lo dijeron explícitamente Dujovne y Caputo a empresarios: el ajuste fuerte se vendrá luego de octubre con el presupuesto de 2018 y una reforma tributaria hecha a la medida de los empresarios. Si el macrismo pierde estas elecciones, apurará a hacer las reformas estructurales en los dos años que le queden de mandato. Si gana, tendrá el peso político y el apoyo suficiente de los sectores del poder económico. Así, sea cual fuere el escenario, el gobierno de los ricos intentará encabezar un brutal ajuste en el 2018 que haga un cambio de fondo en Argentina, acorde a las necesidades del capital, profundizando una acumulación basada en el extractivismo y la producción de materias primas para la exportación, incrementando los niveles de explotación y precarización laboral para restituir la tasa de ganancia capitalista, y que el pueblo cargue en sus espaldas el costo de estas medidas. Por eso, se vuelve tarea de primer orden desarrollar la organización y prepararnos para enfrentar los despidos, el techo a las paritarias, el avance sobre nuestras condiciones de vida, resistir el recorte en los programas sociales, en los programas para oponerse a la violencia de género, etc. En fin, construir la resistencia a la avanzada neoliberal sobre el pueblo trabajador.