Derechos sindicales y laborales: Ofensiva del Estado contra el movimiento obrero


A las constantes declaraciones del presidente Mauricio Macri contra los convenios colectivos y las amenazas a jueces y abogados laboralistas, se sumaron esta semana la intervención de la Justicia con la gendarmería del sindicato Sivendia (Canillitas) y el reciente fallo de la Corte Suprema contra las y los trabajadores en los juicios laborales. Es necesario una respuesta contundente y unitaria.

El lunes 3 de julio el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la intervención del sindicato Sivendia (Canillitas), que se llevó adelante con un gran operativo de Gendarmería, recordando las peores épocas de nuestra historia. El pretexto fue el fraude en las elecciones de Comisión Directiva en 2013, pero es claro que este procedimiento se lleva adelante con un sindicato con un perfil opositor al macrismo y que como gremio de la comunicación está enfrentado al Grupo Clarín, que recientemente acaba de avanzar en una fusión con Telecom, ratificando su hegemonía absoluta en el mercado de las comunicaciones. Independientemente de las características de la conducción del Sivendia -recordemos que su secretario general Omar Plaini es parte de la conducción de la CGT que garantiza una tregua al macrismo que le permite avanzar en acciones como éstas-, la intervención del Estado a través del Poder Judicial, en un contexto de avanzada sobre los derechos laborales de la clase trabajadora, merece nuestro más enérgico repudio. 

No se trata, claro está, de un hecho aislado. Desde que asumió, el gobierno intervino el SOMU, Azucareros, el gremio municipal AOEM, Judiciales Mendoza y Camioneros Santa Fé. En este marco, el gobierno planteó en reiteradas oportunidades el intento de “democratizar” los sindicatos, replicando un viejo debate de los años ochenta que enfrentó al alfonsinismo y a su ministro de trabajo Mucci con el movimiento obrero. Pero sabemos que la democratización de los sindicatos no vendrá de la mano de un gobierno que ajusta, reprime y pretende avanzar sobre los derechos laborales. Lejos de eso, la intervención es un intento de disciplinamiento del movimiento obrero y un gesto para las patronales.

Existe una escalada del gobierno contra la clase trabajadora en su conjunto, que se expresa en las declaraciones de Macri contra el fuero laboral y lo que en una muestra más de la no independencia de Poderes, llama las “mafias” de los abogados laboralistas y la “industria del juicio”. En ese marco, la Corte Suprema acaba de resolver que cuando un trabajador o trabajadora pierde un juicio laboral debe pagar los gastos ocasionados por ese juicio en concepto de honorarios a abogados y peritos que intervinieron, tratando de generar temor en las y los trabajadores para que no avancen en ese camino. Las declaraciones de Macri son una enorme presión para jueces del fuero laboral y son saludadas efusivamente por los directivos de la UIA, las distintas cámaras empresariales y los medios de comunicación concentrados. En su tapa del domingo 2, La Nación ya advirtió que, de ganar en octubre, el gobierno prepara “cambios laborales, tributarios, previsionales”.

La avanzada brutal del gobierno de Cambiemos contra el movimiento obrero y los derechos de la clase trabajadora requiere de un respuesta unitaria y contundente. La Asociación de Abogados Laboralistas convocó, junto a ambas CTA, sindicatos de la CGT como Aceiteros y sin confederarse como SIPREBA, a un acto en el Hotel Bauen para repudiar la ofensiva del macrismo. Por su parte, los Canillitas realizaron una masiva Asamblea en la puerta de su sindicato para repudiar la intervención y la presencia de la gendarmería. La no continuidad en un plan de lucha del paro general del 6 de abril permitió que el gobierno siga avanzando contra los derechos de la clase trabajadora, decretando un salario mínimo vital y móvil por debajo de la canasta básica familiar, y dejando una zona liberada para que los empresarios profundicen su política de despidos masivos, como se pudo ver en Pepsico, Atucha, WalMart, Fangraf, entre otras. Es necesario traducir las convocatorias de esta semana en medidas de fuerza generales y contundentes del conjunto del movimiento obrero para frenar el embate del Estado y los empresarios contra el pueblo trabajador.