“El paramilitarismo es el enemigo número uno de la paz”


El pasado 24 de junio, entrevistamos a Diego Carrero, economista y catedrático universitario, responsable nacional de la Comisión de Investigación de la Marcha Patriótica y asesor de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia.

1- ¿En qué situación está a la fecha el proceso de implementación de los acuerdos?

En términos normativos, la puesta en marcha del acto legislativo 01 de julio de 2016 abrió la puerta para desarrollar el procedimiento  fast track o de vía rápida con una vigencia de seis meses. Éste ha sido prorrogado por seis meses, pero el Ejecutivo ya no tendrá las facultades especiales para emitir decretos con fuerza de ley como en los primeros seis meses de su vigencia. Por ello, todo va a pasar solo por el Congreso en lo que resta del año. En un contexto de debilidad creciente de la coalición de gobierno y la proximidad de las elecciones de 2018, el oportunismo comienza a salir a flote. Entonces, tanto jurídica como políticamente, el escenario es más adverso.

De la misma manera, la Corte Constitucional, como consecuencia de una demanda que interpuso el senador Iván Duque –precandidato presidencial y una de las caras más visibles del partido de Centro Democrático del presidente Uribe que se opone por principio a la paz- determinó que ya no se iba a permitir votar en bloque las leyes para viabilizar jurídicamente la implementación, lo que significa que en el Congreso se le pueden quitar o poner artículos, y eso puede alterar sustancialmente el espíritu de lo pactado.

2- ¿Cuál es el estado de la implementación en relación a los 6 puntos de los Acuerdos de La Habana?

En relación al punto 1, la reforma rural integral, ya se han creado las agencias encargadas de desarrollar la implementación. Se entregarán 3 millones de hectáreas de tierras a campesinos pobres y se formalizarán otros 7 millones. Se han aprobado planes de electrificación, vivienda, conectividad, salud, educación en el ámbito rural. También se aprobaron 16 programas con enfoque territorial en 170 municipios que representan más o menos el 15% de los municipios del país, los más pobres de Colombia, con los indicadores más altos de violencia, y presencia de cultivos de uso ilícito.

Esto se articula con el punto 4 de sustitución de cultivos de uso ilícito. La existencia de esos cultivos es resultado de la precariedad del desarrollo del campo colombiano. Si bien ya se han dictado decretos encaminados a la creación  del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, a la vez que para dar un tratamiento penal diferenciado a campesinos que hoy tienen esos cultivos, falta desarrollo incluso normativo.

El punto 2 de participación política y apertura democrática para la construcción de paz tiene tres grandes elementos: garantías para el ejercicio de la oposición política; mecanismos democráticos para la participación ciudadana y medidas para promover una mayor participación política. En esta materia ha habido avances significativos. Ante todo la ley del Estatuto de la Oposición con el objetivo de garantizar un marco mucho más equitativo y de garantías a los partidos en oposición respecto a los partidos y coaliciones de gobierno.

Ya la Constitución de 1991 señalaba que tenía que haber un estatuto de garantías a la oposición.  El primer senador que intentó tramitar en Colombia el estatuto de la oposición fue Manuel Cepeda, dirigente de la Unión Patriótica que fue asesinado. Tuvo que darse un proceso de paz para que algo que ya estaba en la Constitución se cumpliera, 26 años después. Por otro lado, se creó el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, reconociendo el riesgo extraordinario que existe para quienes integren el nuevo partido político de las FARC, pero en general para dar garantías políticas para el pensamiento alternativo y para todos los que en democracia participan del juego político.

En relación al número 3 de fin del conflicto, se viene desarrollando el programa integral de protección para los integrantes de las FARC – EP, se ha generado una unidad especial de investigación para el desmantelamiento de organizaciones ligadas al paramilitarismo. Hay una cosa que parece ridícula, pero que ha causado bastante discusión en el país, y es la prohibición constitucional del paramilitarismo. El Centro Democrático se ha opuesto a eso porque han ubicado (en palabras de ellos) esto como la mayor victoria de las FARC, es decir, realizan una justificación impresionante, absurda, ridícula del fenómeno paramilitar.

Ya está el marco para la creación del nuevo partido político de las FARC y se aprobó el espacio de diez curules (bancas) que van a tener las FARC de manera especial durante los próximos dos períodos legislativos mientras se adecúan al marco legal colombiano. Eso significa que en los próximos años representantes del partido que surja de estos acuerdos va a tener representación en el Parlamento, van a poder hablar, van a poder discutir, votar en el Congreso de la República  y tendrán voz en el país político, incidiendo en el desarrollo de la agenda pública colombiana.

Frente al punto 5 sobre víctimas es muy importante mencionar la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en el país que se encuentra en revisión ante la corte constitucional. Lo más interesante aquí es que Colombia sepa la verdad de lo que ha pasado en los últimos 50 años de conflicto. Esta es una de las cosas que más les preocupan a los enemigos de la paz que han dicho (literalmente) que quieren hacer trizas el acuerdo.

3- ¿Cuáles son los principales problemas que se están presentando?                   

En términos políticos podemos decir tres cosas. La primera es que hay un avance importante de la implementación en términos normativos, pero el problema que uno puede ver es que de un lado el gobierno nacional ha pasado todo un conjunto de iniciativas legislativas que no han pasado por CSIVI, que era lo acordado. Por otro lado, en el Congreso le han querido quitar y poner, a pesar de que se vota en bloque, así que hemos asistido a una especie de renegociación de lo ya acordado. Lo cual es bastante complejo. Lo segundo es que en la Corte Constitucional tiene que sancionar que no existe inconstitucionalidad, ubicando las reformas en el marco de la constitución colombiana para que finalmente no declare inconstitucional lo que ya se aprobó. Un tercer elemento es que de los 3119 guerrilleros que tienen que salir de la cárcel al mes de mayo sólo habían recibido indulto 792. Simón Trinidad sigue preso en EEUU en condiciones de aislamiento. Se ha lanzado una gran campaña internacional para la liberación de este hombre que sin duda es imprescindible para la paz de Colombia.

Frente a este escenario hay que ser incisivos al ubicar la altura que han tenido las FARC para cumplir lo acordado. A pesar de los problemas que se habían venido presentado, para este martes 27 de junio se hará la dejación del 100% de las armas. Su única arma de ahora en adelante será la palabra, será la capacidad para confluir junto con otros actores de la escena política y social en Colombia en términos de un gran bloque alternativo que permita, en efecto, la apertura democrática en el país. Eso es muy importante. Sobre todo en la perspectiva del congreso constitutivo del nuevo partido de las FARC que surja de los acuerdos que se realizará el 7 de agosto del presente año.

El otro problema es que se siguen asesinando líderes sociales en Colombia, se sigue persiguiendo luchadores sociales, se sigue criminalizando la protesta. Y adicionalmente, guerrilleros que están en tránsito hacia la legalidad, incluso algunos de ellos amnistiados, han sido asesinados. En ese sentido urge que los mecanismos de protección tanto de los líderes de la insurgencia como del movimiento social, como adicionalmente, el andamiaje institucional para perseguir el fenómeno paramilitar en Colombia se haga efectivo. Ese es uno de los principales obstáculos, el paramilitarismo es realmente el enemigo número uno de la paz. Entre otras cosas porque le tienen miedo a la verdad y sobre todo le tienen miedo a un desarrollo de la democracia que cierre el círculo de violencia del país, que es con lo que ellos se han enriquecido, y han acrecentado poder político y poder económico.

4- ¿Cuáles son los desafíos para el movimiento popular en este marco?

Podemos decir que un fenómeno importante, significativo, es que venimos asistiendo a un escenario de creciente movilización en Colombia. Acabamos de salir de un paro de más de un mes, más de 300 mil maestros en el país que pedían no solamente mejores condiciones laborales, sino adicionalmente mayores recursos para la educación de quienes asisten a la primaria y a la secundaria. Venimos también de un escenario de movilización importante de comunidades afrodescendientes en el occidente.

Los desafíos del movimiento social van en tres vías.

La primera de ellas es organizarse para ser un actor protagónico en términos de la implementación de los acuerdos de paz en los territorios. Necesitamos que las organizaciones, que el movimiento social esté con la implementación en los territorios para dignificar la vida de millones de colombianos que están sumidos en la pobreza, en la Colombia rural. Pero organizaciones sociales también exigiendo la apertura democrática y una reforma política que viabilice la más amplia participación para el desarrollo de la democracia en el país.

De otro lado, movilización en las calles, para defender la implementación, para que la oscura noche no se repita en Colombia, para que las armas en la política no sigan siendo parte de la cotidianidad en Colombia. Cuando hablo de las armas en la política no me estoy refiriendo a las armas de la insurgencia en particular, sino me estoy refiriendo a los diferentes actores políticos que han utilizado las armas para hacer política, valga la redundancia, enlodando la posibilidad de desarrollo de la democracia en el país.

Y tres, organizaciones sociales, un movimiento social, pensando en amplitud, pensando en la idea de convergencia. No solamente para que se dé la unidad de los sectores alternativos, sino para llegar a sectores a los que no hemos llegado y frenar los avances de la ultraderecha fascista en el país que definitivamente quiere hacer trizas el Acuerdo de Paz como ya lo han mencionado. Entonces acá necesitamos una convergencia grandísima en la perspectiva del tránsito hacia una democracia real en el país.

Esos son los tres pilares fundamentales en términos de la agenda del movimiento social en el país hoy.