La implementación de los acuerdos de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano


El pasado 27 de junio las FARC–EP, la organización político – militar más antigua de Nuestra América,  cumplieron con una parte central de los Acuerdos de Paz de La Habana, la dejación de armas. Se encaminan ahora a constituirse como un partido político reconocido legalmente. Tras más de 50 años de guerra, el proceso de paz avanza acechado por enemigos poderosos, enfrentando múltiples desafíos.

En Colombia rige el terrorismo de Estado a pesar de la formalidad democrática. Se trata de una situación abierta tras el asesinato de Gaitán y el Bogotazo de 1948, continuados luego por el período de “La violencia” (1948 – 1957) que se cobró unos 300.000 asesinatos, y abrió un largo proceso de lucha del cual han formado parte numerosas guerrillas populares.

Entre 2007 y 2010 38.000 personas fueron desaparecidas. Para el período 1990 – 2010 el cálculo estimativo es de 250.000, a las cuales el Estado ha buscado minimizar reconociendo 50.000. A eso hay que sumar los cerca de 7 millones de desplazados y los 10.000 presos políticos. Estos niveles de violencia se han cobrado varias generaciones de militantes revolucionarios y populares. La práctica extendida de matanzas de civiles ha dado lugar a la existencia de “falsos positivos” en donde se hace pasar por caídos en combate a miles de muertos masacrados por el Estado y el paramilitarismo. Colombia cuenta con el número más alto de dirigentes sindicales, de DDHH y populares asesinados en el marco de una democracia formal con elecciones regulares.

La militarización es la regla de la sociedad colombiana y la presencia del imperialismo es directa y se ha incrementado desde el Plan Colombia (1999) a esta parte, con al menos siete bases militares yanquis y la intervención de personal norteamericano en operaciones contrainsurgentes. Con el objetivo de aislar a la guerrilla, la política contrainsurgente desplegó una intensa campaña para imponer la visión de una guerrilla “terrorista” o peor aún, “narcoterroristas”, lo que le permite además, atacar al conjunto del movimiento popular acusándolo de lo mismo.

Además, la mayoría de la población se encuentra en la miseria. La precarización laboral alcanza al 65 % de los/as trabajadores/as, y los altos grados de concentración de la tierra redundan en durísimas condiciones de vida para la población campesina. La precarización, la superexplotación, la entrega a capitales extranjeros son la contraparte de la militarización y la persecución. A esto hay que sumar el desgaste de más de medio siglo de guerras que se ha traducido en una fuerte despolitización de amplias masas principalmente en las ciudades.

La insurgencia, actor central de la política colombiana

Como contraparte a las clases dominantes, en Colombia se han desarrollado importantes organizaciones revolucionarias y procesos de masas de gran magnitud. Ya en los años 60, las guerrillas campesinas hijas del Bogotazo empalmaron con la perspectiva revolucionaria que tenía a Cuba como mayor ejemplo continental. Numerosas organizaciones guerrillas (entre ellas FARC, ELN, EPL, más tarde M19) se consolidaron como organizaciones revolucionarias de carácter nacional disputando el poder político con la perspectiva del socialismo.

Entre ellas, las FARC–EP son la organización más importante. Fundadas en 1964, tienen 53 años de historia, aunque sus raíces se hunden en el Bogotazo de 1949. Surgieron en momentos de alza de las luchas populares, pero a diferencia de otras organizaciones revolucionarias de nuestro continente, lograron consolidarse durante los ochenta en un contexto muy diferente y muy adverso, ensayando entonces un importante plan insurreccional.

Desde que en 1982 por primera vez la administración del Estado colombiano se aviniera a negociar con las organizaciones revolucionarias, fueron muchas las instancias de diálogo entabladas por las partes en el marco general de la guerra. La posibilidad de la salida negociada del conflicto armado, así como la necesidad de reconocer y atender a las profundas causas sociales, económicas, políticas que lo habían generado, formaron parte de los puntos de la agenda de la insurgencia desde entonces. En especial, el problema de la propiedad de la tierra y de la apertura democrática. En esa oportunidad el poder de la Colombia oficial produjo la masacre de 5000 militantes de la Unión Patriótica (partido surgido tras los acuerdos).

El peso de las FARC obligó al gobierno colombiano en 1998 a entregar el control de una “zona de distensión” de 42 mil km2  durante años, para desarrollar diálogos de Paz. Luego el Plan Colombia y el Plan Patriota (ya bajo la presidencia de Uribe) intentaron su exterminio, con el apoyo directo de EEUU, pero no lograron hacerlo.

En este marco, luego de 50 años de guerra, la insurgencia ha buscado una salida política para alcanzar la paz y recuperar hegemonía y con la aspiración de encontrar nuevas vías de acción política que hoy son imposibles por las políticas terroristas vigentes.

El ascenso al gobierno de Juan Manuel Santos en 2010 dio el marco para esa posibilidad. Santos fue durante los años anteriores la mano derecha de la represión contra las FARC al comandar las FFAA de Álvaro Uribe. Sin embargo, el ex uribista, se diferenció de su antiguo líder al promover (nuevamente) una salida negociada con la guerrilla, como una vía más sensata que el puro aplastamiento militar, evidentemente infructuoso.

Que a fines del 2016 se haya alcanzado una negociación para la paz, implica que las FARC no lograron su objetivo de la toma del poder por la vía armada, pero implica también, que el terrorismo de Estado con colaboración yanqui, tampoco logró aniquilarlos teniendo que reconocer a las FARC como fuerza beligerante. De esta forma las FARC y todo el movimiento popular entran en una nueva etapa política.

La nueva etapa política: salir del terrorismo de Estado

Para el movimiento popular los acuerdos de Paz son un canal para promover la salida del terrorismo de Estado y lograr una participación política en la vida civil. La situación puede asimilarse a la salida de las dictaduras en el Cono Sur que llevaron a la conformación de gobiernos democráticos.

En este marco, las FARC buscan romper el relativo aislamiento político al que lo empujó la política terrorista del Estado colombiano. Su conformación como partido político legal a partir del mes de agosto próximo puede dar lugar al desarrollo de uno de los partidos más gravitantes de la izquierda en América Latina.

Por supuesto, el no haber llegado al triunfo en el plebiscito fue un golpe para las FARC y el movimiento social y popular que promovió la solución política, dando mucho aire a la derecha más rancia, expresada en el uribismo. Entre los retrocesos de ese momento debe consignarse que el conjunto de los acuerdos de paz no asumieron “rango constitucional”, y por lo tanto pueden ser revisados por un nuevo gobierno. Esta situación agravó el marco actual para la insurgencia, que enfrenta el proceso de paz en condiciones muy adversas, con la persistencia de prácticas de terrorismo de Estado que implican matanza y persecución tanto para los guerrilleros en vías de integración a la vida civil, como para gran parte del movimiento popular. Entre las principales dificultades debemos señalar el avance del paramilitarismo, el contexto internacional y regional adverso, una creciente represión, y la construcción de una subjetividad del apoliticismo promovida por la política reaccionaria que las fuerzas del orden llevan adelante a través de diversos organismos (iglesias, ONGs, medios de comunicación).

Pero a su vez, los acuerdos se han convertido en una plataforma de lucha. Millones de colombianas y colombianos se están movilizando para que los mismos comiencen a ser aplicados. En gran medida, dependerá de la capacidad del movimiento popular colombiano, enriquecido por la incorporación de miles de militantes que hasta ahora estaban imposibilitados de realizar una actividad política abierta y de masas, luchar por el cumplimiento de lo pactado y por los puntos que restan conquistar para una transformación a fondo del hermano país.

De esta forma, al tiempo que suponen una situación de peligrosidad para muchos luchadores y luchadoras de Colombia por la respuesta terrorista del Estado y su brazo paramilitar, los acuerdos expresan hoy un nuevo punto de partida para la lucha por esos cambios.