CADA CONFLICTO ES UNA BATALLA CONTRA EL AJUSTE


Mientras el gobierno busca imponer una reforma laboral tomando a Brasil como ejemplo, semana a semana surgen nuevos conflictos por despidos y ajuste. Es necesario rodear de apoyo cada lucha, masificarlas y tratar de obtener conquistas. Cada conflicto es una batalla política contra la avanzada de los empresarios y el gobierno.

Todas las semanas surgen nuevos conflictos obreros. En su mayoría son casos de despidos masivos, como en Pepsico, Atucha o casos anteriores como AGR Clarín, la Serenísima y Paraná Metal. Estos casos suelen estar acompañados por procedimientos de vaciamientos fraudulentos avalados por el Ministerio de Trabajo. A esto se suman los conflictos por claras persecuciones al activismo combativo como sucede en la Línea 60, Cresta Roja o en Tenaris Siat Valentín Alsina.

Todos estos casos, en donde gracias a la sólida organización de base el conflicto alcanza repercusión, son una pequeña porción en relación a la situación general de despidos por cierre y vaciamiento, en donde la burocracia hace lo posible por planchar la lucha y arreglar con la patronal.

 

Una gran campaña del gobierno, empresarios y medios hacia la reforma laboral

Estos ataques están íntimamente relacionados con la reforma laboral, previsional y tributaria que pretende imponer el gobierno nacional y los empresarios, con el pretexto de la búsqueda de inversiones y la competitividad en el mercado externo. Los despidos son la antesala de la flexibilización laboral y el ataque de los convenios colectivos. Para esto, el gobierno cuenta con una campaña mediática impresionante, con ríos de tinta en los principales diarios contra los derechos laborales. Y, como si eso fuera poco, en total contraposición con la supuesta independencia de poderes que pregona el gobierno, el fuero laboral, los jueces que fallan a favor de las y los trabajadores y los abogados laboralistas, son víctimas de un ataque directo por parte del Poder Ejecutivo que en definitiva es un ataque hacia toda la clase trabajadora.

Cada una de estas acciones del gobierno busca allanar el camino para instaurar la reforma laboral y barrer con los derechos que se conquistaron y defendieron con años de lucha, como los convenios colectivos de trabajo.

 

El rol de la izquierda y los sectores combativos frente al macartismo y la entrega de la burocracia

A la CGT y las distintas vertientes de la burocracia sindical este brutal ajuste y la ofensiva del gobierno no les pasa por el costado. El discurso sobre la necesidad de una democratización de los sindicatos, es parte de una avanzada intervencionista de un gobierno al que nada le interesa la democracia sindical sino que la ataca -tal como sucedió durante los años 80 con la ley Mucci que enfrentó a la CGT de Saúl Ubaldini con Alfonsín y su ministro de Trabajo. La intervención de varios sindicatos, con el caso paradigmático de Canillitas con la gendarmería mediante, y los allanamientos de gremios de peso como el de Empleados de Estaciones de Servicio o Camioneros, son una expresión de la relación entre los sindicatos de mayor peso en la central y el gobierno, que pretende generar una amenaza para negociar la paz social. El discurso democratista del gobierno se cae por su propio peso: a través del ministerio de Trabajo el gobierno y las patronales atacan e intentan asfixiar cada experiencia democrática para que no crezca ese ejemplo. Un caso es el reciente recuperado SUTE de Mendoza al que el gobierno de Cornejo ya comenzó a atacar y el propio Ministerio de Educación nacional ve como una amenaza para su plan de avanzar con la reforma educativa e imponer niveles de productividad tomando como ejemplo el ítem aula de Mendoza (ver nota aparte).

En este contexto, se da el acercamiento de distintos sectores a la CGT, como el caso del MASA, que agrupa a importantes sindicatos como Unión Ferroviaria, SMATA y Taxistas, entre otros. Paralelamente se puso en cuestión la legitimidad del triunvirato y su propia continuidad luego de octubre. Estos movimientos son síntomas del nulo rol de la CGT para enfrentar el ajuste y el temor que genera el incipiente crecimiento de sectores combativos que ponen en cuestión su legitimidad y cobran visibilidad en casi todas las luchas contra el modelo neoliberal de Macri y la ofensiva de los empresarios. A su vez, la reforma laboral también amenaza la caja de los propios sindicatos burocráticos.

El paro del 6 de abril fue utilizado como válvula de escape por la CGT frente a la presión que tuvo luego de la serie de medidas en donde cientos de miles coparon las calles en marzo, particularmente el 7 cuando el propio triunvirato fue puesto en ridículo frente al masivo “poné la fecha…”. La CGT buscaba planchar cualquier discusión sobre la continuidad de las medidas en un plan de lucha hasta después de las legislativas de octubre e incluso trató de negociar las paritarias de manera sectorial y dispersa para generar la menor tensión social posible.

La lucha de Pepsico expuso a la conducción de la Alimentación que encabeza Rodolfo Daer, hermano mayor del líder de la CGT Héctor y Secretario General de la central durante la reforma laboral de los años noventa. Durante todo este conflicto la oficialista lista verde utilizó los argumentos macartistas de la propia patronal, aduciendo que los conflictos se generan por la presencia de las organizaciones de izquierda. Es al revés, lo que sucede y se expuso con luchas como la de Pepsico o AGR Clarín, es que los sectores combativos del movimiento obrero se vinculan con la izquierda frente al vacío que produce la burocracia sindical que los entrega en bandeja a la patronal. El propio Pablo Moyano admitió: “Así como estamos, la CGT es una figura decorativa. Vemos por la ventana cómo la izquierda, la CTA, las organizaciones toman la calle”.

Por su parte, la Corriente Federal de Trabajadores, que se plantea como combativa, levantó -a pedido de Cristina Fernández- una movilización que ya había sido convocada para el 7 de agosto en el marco de San Cayetano.

En este marco, el viernes 28 de julio se llevó adelante en el microestadio de Ferro un plenario de secretarios generales, que reunió a dirigentes y a más de 2.000 delegados y activistas sindicales de distintos gremios del país. Lo notable de la jornada fue que se puso en evidencia nuevamente la bronca de las y los trabajadores ante la inacción de la CGT frente al ajuste. La tensión se notaba en el ambiente y Daer y Schmid tuvieron que pronunciar sus discursos, al cierre del plenario, entre insultos y chiflidos de los presentes. Como el 7 de marzo pero, está vez, ante un auditorio mucho más reducido, integrado por el activismo de los propios sindicatos. Todo un dato del malestar que existe en las bases ante la pasividad cómplice del triunvirato.

Con ese marco de fondo, las resoluciones del plenario del 28 no hicieron más que confirmar la continuidad de la tregua al gobierno frente al ajuste: se aprobó un documento crítico hacia las políticas del gobierno, se ratificó la convocatoria a movilizar a Plaza de Mayo el 22 de agosto y se anunció la convocatoria a un Confederal para el 23… Resoluciones que evidentemente quedan lejos, muy lejos, para las necesidades y urgencias de los conflictos actuales.

 

Masificar y visibilizar cada conflicto para derrotar la reforma laboral

Lo central, en cualquier contexto pero en este más aún, es plantearse cómo obtener conquistas en cada lucha porque de eso dependen la vida de muchas familias y la misma continuidad de los procesos de organización por abajo. Ese es el valor, por ejemplo, de experiencias como la de la Línea 60 o las de Pepsico y AGR que llevan años de acumulación de base. Por otro lado, es necesario masificar estas peleas para no aislarlas, así como darles visibilidad. Estas peleas no se dirimen solo en el terreno sindical, más aún con un Ministerio de Trabajo que permite los más escandalosos procesos de vaciamiento y fraude pasando por alto los procesos preventivos de crisis y con patronales que no respetan los fallos judiciales sin mayores consecuencias. Son peleas políticas que exponen el rol no sólo del gobierno y la burocracia sindical sino también de los partidos pro patronales que pese a tener muchas veces un discurso opositor, no defienden los intereses del pueblo trabajador y no se enfrentan a los empresarios ni los grandes medios de comunicación, como el Frente Renovador, el randazzismo y sectores del FPV empezando por su figura principal, Cristina Fernández, que elige rezar y votar en lugar de luchar, como si una cosa y otra fuesen contrapuestas.

El paro general y plan de lucha siguen siendo necesarios y urgentes. Los sectores combativos tienen que jugar un rol generando una presión por la base a la burocracia sindical para salir a enfrentar la reforma laboral y la avanzada contra los derechos del pueblo trabajador.

 

Pepsico Snacks

La patronal informó mediante una nota pegada en la puerta de la planta de Florida que cerraba. Mientras que una parte de los trabajadores arregló su indemnización, otra parte comenzó una gran lucha con la toma de la planta incluida. La importante resistencia de los trabajadores y las trabajadoras obligó a la policía a una violenta represión para desalojar la planta que produjo la solidaridad de diversos sectores políticos y sociales. Recién después de la represión la empresa presentó un proceso preventivo de crisis trucho que fue aceptado por el Ministerio en tiempo récord. Luego, las y los trabajadores protagonizaron una gigantesca movilización desde el obelisco a la sede de Callao del ministerio, montaron una carpa frente al Congreso y el 26 de julio, en la sesión en la que el oficialismo intentó sin éxito quitar los fueros a De Vido, se movilizó desde el obelisco al Congreso instalando ante los grandes medios y el parlamento la agenda del pueblo trabajador: la necesidad de enfrentar una reforma laboral profundamente pro patronal y antiobrera.

 

Cresta Roja

Luego de los que los delegados se vendan a la patronal, los trabajadores de la Planta 2 eligieron nuevos representantes en asamblea. Entre el miércoles 19 y el jueves 20 de julio la empresa avanzó con 51 despidos en la planta, incluyendo a esos genuinos representantes y activistas. Frente a eso, los trabajadores iniciaron un paro total de la planta 2 y cortes de la autopista Ezeiza- Cañuelas con el acompañamiento de trabajadores de Planta 1. El sindicato se vio forzado a realizar las presentaciones correspondientes y acompañar el conflicto a partir de la presión de la base. El martes, luego de un corte de aproximadamente diez horas de la autopista, se consiguió que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria por quince días con los despedidos adentro. Los motivos de este triunfo parcial deben leerse en la firme determinación de los trabajadores de no bajar la lucha, la unidad lograda, la acertada posición de exigir al sindicato que apoye los reclamos (a pesar de que esa conducción es repudiada por sus reiteradas prácticas burocráticas). Y, por otra parte, este conflicto no puede leerse por fuera del marco que generó Pepsico, la represión del 13 y la imponente movilización del martes 18.

 

Línea 60

La empresa MONSA del monopólico Grupo DOTA continúa incumpliendo las medidas elementales de seguridad y viola una conciliación obligatoria a partir de la cual los 10 despidos y 20 suspensiones debían retrotraerse a foja cero. El conflicto tuvo su punto de inflexión luego de la muerte del mecánico David Ramallo el 9 de septiembre del año pasado cuando se le desplomó un colectivo que lo aplastó mientras trabajaba en el taller de la línea. El cuerpo de delegados había realizado diferentes presentaciones al Ministerio y la superintendencia de riesgos de trabajo denunciando la falta de medidas de seguridad por parte de la empresa. Luego de la muerte de su compañero, los trabajadores iniciaron medidas de fuerza y la empresa respondió con despidos y suspensiones.

Durante el último mes estuvo paralizada la línea por un quite de colaboraciones. La superintendencia de riesgos de trabajo comprobó la veracidad de las denuncias realizadas y el Ministerio dictó una conciliación obligatoria que la empresa incumplió al no dejar entrar a los despedidos ni dar tareas a los suspendidos.

La organización de los trabajadores de la Línea 60, que ha sido un ejemplo de referencia para numerosas experiencias combativas y antiburocráticas en el sector, es la única garantía para enfrentar el ajuste y la flexibilización que intenta imponer MONSA. Es esa organización la que en 2015 permitió levantar los 50 despidos luego de 40 días de huelga.

 

En los medios, el ajuste no tiene grieta

En CN23, el Grupo Indalo pretende reducir la totalidad de su planta y continuar funcionando con programas “enlatados” (traídos de afuera). Unos 40 ya se vieron forzados a agarrar un retiro voluntario compulsivo y, frente a la pasividad del SATSAID, otro grupo continúa resistiendo.

Por su parte, el SiPreBA viene denunciando una política de despidos en empresas que a través de sus las líneas editoriales aparecen como enfrentadas pero que hacia adentro comparten una política de ajuste sobre sus trabajadores/as. En Telam, Página 12, Perfil, Radio Del Plata, Ámbito Financiero, Editorial Atlántida, Clarín, entre otras, hubo distintos tipos de conflictos por despidos, pagos atrasados de salario, no pago del magro aumento paritario negociado con la burocracia sindical de la UTPBA a espalda de los trabajadores, retiros voluntarios, entre otras. Luego de la movilización nacional del 8 de junio al Ministerio de Trabajo, el plenario de delegados del SiPreBA resolvió una jornada de lucha en todas las redacciones y se realizaron paros y ceses de tareas en algunas de esas empresas en conflicto, como Radio Del Plata, Telam, Página 12 y Perfil.