Plan Maestro: colonización educativa y flexibilización laboral


El Plan Maestro es un borrador de ley del macrismo que plantea metas educativas. Pero es algo más que un cúmulo de “objetivos” en clave tecnocrática. ¿Qué propone la derecha en términos de educación? ¿Qué plantean quiénes se oponen?

Las capas de la cebolla
El Plan Maestro es un nuevo intento de reforma educativa neoliberal. En términos formales, no se presenta como una ley de educación en un sentido integral, eludiendo explicitar un debate acerca de los fundamentos, alcances y carácter de nuestro sistema educativo. El plan se muestra, básicamente, como una serie de “metas” medibles cuya aprobación deberá tramitarse en el parlamento nacional. Esta ausencia de una nueva ley de educación, en un sentido integral, tiene una explicación: las reformas que pretende realizar Cambiemos son perfectamente compatibles con el andamiaje de leyes educativas que legó el kirchnerismo. A tal punto, que en la explicitación de sus antecedentes parlamentarios, el propio borrador menciona a la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/2006 junto con las leyes de transferencia educativa.

En sintonía con lineamientos más amplios que afectan al resto de la clase trabajadora, el Plan Maestro implica un intento de parte del gobierno macrista para avanzar “flexibilizando” derechos laborales. Pero lejos de ser ésa la única dimensión, ya de por sí grave, este plan implica un cambio estructural para la escuela pública: reorientar los contenidos curriculares, incidir en la organización escolar con modelos empresariales, incrementar la incidencia de evaluaciones externas. Una serie de medidas que apuntan a restringir más aún el carácter público de la educación, en un panorama ya de por sí crítico y fragmentado.

Un plan a medida (de los organismos financieros)
Las metas medibles estructuran el borrador. En primer término, se exponen objetivos de manera falaz y demagógica, como son la ampliación de la cobertura del Nivel Inicial en sala de 3 años, o la creación de escuelas primarias de Jornada Extendida. En el caso de la ampliación de la sala de 3 años, en nuestro país existen aproximadamente 500.000 niños y niñas sin vacantes. El cumplimiento real de esa meta implicaría construir al menos 3.000 escuelas con 11.000 salas. Lejos de esto, el modelo educativo aplicado por el PRO en CABA para la cobertura del Nivel inicial fue la realización de convenios con entidades privadas (ONGs, parroquias, organizaciones “sin fines de lucro” o empresas) mediante los cuales se pautaron acuerdos para crear los llamados Centros de Primera Infancia (CPI). En los CPI, que dependen de Desarrollo Social y no de Educación, los docentes suelen ser monotributistas, y la infraestructura queda a cargo de la entidad particular que los gestiona, lo que da lugar a un plus de precariedad. Cuando el Plan Maestro habla de ampliar la cobertura en este nivel mediante una “reconceptualización de la organización y gestión de los jardines de infantes”, se refiere a esto: condiciones deficitarias, ausencia de construcción de escuelas públicas y, en su lugar, convenios con particulares. El flamante Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro reconoció recientemente las dificultades para cumplir con esta meta. En la entrevista publicada por Clarín el 22/07/17, señala que “en lugar de 3.000 nuevos jardines se abrirán 10.000 salas en escuelas y jardines ya existentes”. Esta lógica rige también para la “Jornada Extendida” en escuelas primarias. En dicha nota, tratando de embellecer lo que es vaciamiento presupuestario mediante un discurso de supuesta innovación pedagógica, el ministro señala que la extensión horaria se aplicará mediante la modalidad “la escuela sale del aula”, enviando a los alumnos y alumnas “a clubes, teatros, etc., donde los chicos continúan la jornada escolar. Es un comienzo. Tenemos un problema grave de infraestructura y hay que sincerar la cantidad de docentes que se necesitan”.

Además de estas metas, basadas en enunciar problemas reales que no van a solucionarse, el Plan expone otras que son una abierta declaración en contra de los y las trabajadores de la educación: la creación de una “nueva carrera docente” en términos de escalafón, estabilidad y formas de contratación, opuesta a los actuales estatutos docentes; la implementación cada vez más sistemática de evaluaciones externas; la formación compulsiva en términos empresariales de los equipos directivos en áreas como “gestión y liderazgo”; la reformulación de la formación docente (mediante la estandarización de los institutos de formación que busca su drástica reducción numérica y la modificación de su perfil académico), entre otros.

Colonización y flexibilización
La evaluación externa es una de las protagonistas del Plan Maestro. Se trata de una de las herramientas predilectas de los organismos internacionales como la OCDE o el Banco Mundial para incidir en los distintos sistemas educativos. La aplicación de estas evaluaciones implica instrumentar pruebas elaboradas por “especialistas” de estos organismos, que son ajenas a los mecanismos de acreditación y examen que cada sistema educativo, institución o docente elaboran. Por un lado, mediante estas pruebas estandarizadas, dichos organismos ponderan determinados conocimientos y “aptitudes” por sobre otros, incidiendo de manera externa pero muy eficaz en las currículas al pautar qué se evalúa (y por lo tanto, qué se enseña) en miles de escuelas en un verdadero acto de colonización pedagógica.

Por otro lado, muchos gobiernos utilizan los resultados de dichas mediciones para determinar la percepción (o quita) de recursos de las escuelas, o la estabilidad en el cargo (o el monto del salario) de los trabajadores. Se trata de aplicar una lógica que en el plano cultural e ideológico gana terreno: la responsabilidad de la educación no es social, ni obedece a aspectos estructurales, sino que es meramente individual. “Los maestros son el eslabón débil de la educación”, sostiene abiertamente el Banco Mundial, promotor de reformas económicas y educativas que han acentuado la dependencia de nuestro continente y que han sumido en la miseria a millones de trabajadores y trabajadoras. Y, cargando sobre la docencia las culpas de una crisis educativa basada en el vaciamiento y privatización que su propia entidad propaga, señalan: “De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, una mayoría de profesores latinoamericanos no proveen a sus estudiantes la calidad de instrucción necesaria para hacerlos competitivos en un mundo cada vez más globalizado.” (http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/07/28/maestros-excelentes).

En estas directrices se basan los avances en la evaluación que el actual gobierno, y los que lo precedieron, suscriben. En el caso del Plan Maestro, se trata de un salto cualitativo en la aplicación de este tipo de evaluaciones, que guarda estrecha relación con la sistematización del Operativo Aprender, las Pruebas PISA y otras mediciones similares.

Cómo enfrentar a esta reforma
Lejos de tratarse de un plan que “quiere derogar la Ley Nacional de Educación” o meramente “terminar con la paritaria nacional docente”, como sostiene la actual conducción de CTERA, El Plan Maestro plantea una reforma de múltiples dimensiones, basándose en el escenario que la propia Ley Nacional del kirchnerismo legó: un sistema fragmentado, altamente privatizado, con un “ministerio sin escuelas” y con diversos mecanismos de evaluación externa en pleno funcionamiento. Más allá de la grave consecuencia de que se consolidase la ausencia de una paritaria nacional docente, ese aspecto sería menor en relación a la potencial liquidación de los estatutos existentes y la creación de una “nueva carrera docente” en su lugar.

Para enfrentar una reforma semejante, será necesario superar los planteos de la actual dirección de CTERA, que cogobernó junto al kirchnerismo la administración de la crisis, aisló a varias provincias en lucha y no alzó la voz contra la evaluación externa. Sin descartar la más amplia unidad de acción, la docencia en lucha deberá incorporar a esta pelea a diversos trabajadores organizados, a sectores de la comunidad educativa, poniendo a la vista de todos el alcance profundo de aquello que está en juego, que es, en gran medida, el carácter público de la escuela y los derechos laborales que costaron décadas de lucha