Aparición con vida YA de Santiago Maldonado: El Estado es responsable. Bullrich tiene que renunciar


Tras el pasaje de la carátula de la causa como “desaparición forzada” quedó de manifiesto la responsabilidad estatal en el secuestro de Santiago tras la represión. El 1 de septiembre salimos a las calles por su aparición inmediata con vida.

Santiago Maldonado está desaparecido desde el 1° de agosto cuando fue visto por última vez escapando de las balas de Gendarmería en el Lof en Resistencia de Cushamen del pueblo Mapuche, luego de participar solidariamente de un corte de la ruta 40 donde denunciaban la prisión política del Lonko Facundo Jones Huala y las detenciones y violencia que habían sufrido los peñi (hermanos) y las lamien (hermanas) en Bariloche.

Pasados 26 días de su desaparición forzada a manos de la Gendarmería, esto es un hecho ya indiscutible dado que varios testigos relatan lo que vieron: cómo lo subían a un Unimog (camión) de esa fuerza luego de golpearlo tras haberlo capturado a la vera de un río que Santiago no llegó a cruzar cuando todos corrían huyendo de represión feroz.

Pasados varios días luego de la denuncia de la desaparición de Santiago, el juez federal de Esquel Guido Otranto, a cargo de la causa, ordenó allanamientos en destacamentos de Gendarmería en Esquel -hacia donde se dirigió la camioneta que salió del Lof y en la localidad rionegrina de El Bolsón, donde se secuestraron pelos y una soga con restos de sangre, cuyas pericias se encuentran en estudio. Luego de la visita de una comitiva de organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, el juez cambió finalmente la carátula de la causa de “extravío” a “desaparición forzada”, evidenciando la clarísima responsabilidad del estado en el hecho.

Sin embargo, el Gobierno, desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, busca descaradamente desviar la investigación con acusaciones falsas, y culpabilizando a las víctimas para garantizar la impunidad no sólo de la Gendarmería sino de su propio personal político. Pablo Noceti, jefe de gabinete de Bullrich, abogado defensor de represores, fue quien comandó el operativo represivo el 1 de agosto.

Una lucha que tiene su historia

La apropiación de las tierras patagónicas por parte del Estado argentino data de la trístemente célebre “Conquista del Desierto”. Como es obvio, lejos de ser un desierto, la Patagonia estaba habitada y el ejército al mando del Gral Roca masacró a sus pobladores mapuches para apoderarse de tierras que serían repartidas a empresarios locales y extranjeros. Luego del genocidio algunos de los pobladores originarios sobrevivientes lograron huir a tierras más lejanas e inaccesibles en la cordillera. Muchos hombres fueron capturados y llevados a prisiones que fueron montadas como campos de concentración, por ejemplo en la Isla Martín García. Cientos de mujeres y niñas fueron repartidas para trabajar como servidumbre a familias de la oligarquía terrateniente que festejaba el “desarrollo y la civilización”. Así se forjó a sangre y fuego la acumulación capitalista originaria en nuestro país.

En la actualidad, a pesar del reconocimiento de sus derechos ancestrales en la Constitución nacional, y de la ley 26.160 que plantea explícitamente que el Estado debe garantizar la restitución de las tierras a las comunidades originarias, ningún gobierno ha cumplido con la devolución de los territorios. Muy al contrario, se han garantizado los intereses de grandes empresarios locales y extranjeros para continuar con la explotación y el extractivismo de la producción minera, de hidrocarburos, agropecuaria y forestal.

Los más grandes terratenientes en nuestro país son efectivamente empresarios extranjeros. El grupo Benetton, italiano, es dueño de 1 millón de hectáreas en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. Esto es 4.500 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Joseph Lewis, inglés 18.000 hectáreas en las provincias de Santa Cruz y Río Negro. Ted Turner – empresario estadounidense dueño de la cadena CNN-, posee 56.000 hectáreas en las provincias de Neuquén y Tierra del Fuego. George Soros, húngaro 200.000 hectáreas en Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. Douglas Tomkins, 342.000 hectáreas en Corrientes y Santa Cruz.

La Sociedad Rural Argentina, nefasta entidad que promovió la Campaña del Desierto y la Dictadura de Videla encabeza hoy el intento de criminalización de las comunidades mapuches tanto directamente como través de sus personeros en el gobierno. La investigación periodística por la desaparición de Santiago Maldonado ha develado también que fueron representantes de la SRA quienes se reunieron con empresarios terratenientes extranjeros y miembros del Gabinete del Ministerio de Seguridad y con la propia Bullrich para organizar la política de represión a las comunidades que hoy se organizan para reclamar sus legítimos derechos. Además, se hizo público cómo la Gendarmería opera como fuerza privada de Benetton con un destacamento que funciona dentro mismo del casco de la estancia. [ver https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/70231/gendarmera-a-opera-una-base-informal-en-el-casco-de-la-estancia-de-benetton]

La legítima lucha del pueblo mapuche
Las operaciones desde el gobierno y sus usinas mediáticas para promover la criminalización de los mapuches tildándolos de terroristas y para garantizar la impunidad y defender a “su” fuerza represiva -como gusta llamar a la Gendarmería Patricia Bullrich- dan cuenta también de que lo que aquí está en juego no es sólo una disputa entre una pequeña comunidad mapuche y el gigante empresario textil.

Como lo admitió la propia Bullrich en un programa televisivo, la Gendarmería es una fuerza clave que el gobierno necesita para llevar adelante su proyecto político, económico y social.

La desaparición de Santiago Maldonado reveló cómo el Estado es garante de los intereses empresarios y cómo este gobierno es capaz de llevar adelante la represión más brutal con la desaparición forzada de personas. El pacto entre Macri y Bachellet y el encarcelamiento del lonko Facundo Jones Huala, – quien continúa preso ilegalmente en la Unidad 14 de Esquel desde el 27 de junio a la espera de que avance el pedido de extradición solicitado por la justicia chilena y estuvo más de 20 días en huelga de hambre- muestran también que esta articulación no se restringe obviamente al plano local y que la ofensiva de la derecha neoliberal es continental.

Ante todo esto, la lucha de los mapuches – y de las demás comunidades originarias- por la legítima restitución de sus tierras debe ser acompañada por el conjunto del pueblo. Como ellos mismos afirman, lejos de constituir un proyecto separatista, de lo que se trata es de conformar una sociedad que contenga las identidades plurinacionales incluyendo a los pueblos originarios, poniendo las tierras y la riqueza natural al servicio de los pueblos y no del capital.
Sentir la injusticia como propia. Así como Santiago, que se acercó para acompañar el reclamo de la comunidad mapuche, desde el Frente Único Izquierda Revolucionaria – Hombre Nuevo nos sumamos a las miles de voces que hoy se alzan en Argentina y el mundo exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, denunciando la responsabilidad del Estado y del gobierno.

El viernes 1 de septiembre, a un mes de su desaparición, salgamos masivamente a las calles.

Con la fuerza de los 30.000 detenidos desaparecidos, de Julio López, de Luciano Arruga y de todos los desaparecidos en democracia, vamos a reclamar:

¡Aparición con vida YA de Santiago Maldonado!

¡Lo desapareció Gendarmería, el estado es responsable!

¡Exigimos la renuncia de Patricia Bullrich y Pablo Nocetti!