¿Nace una república catalana?


La mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y las CUP resolvieron la convocatoria a un referendo para el 1 de octubre que, de aprobarse, establecería la separación de Cataluña de España y la fundación de una nueva república. El gobierno de Rajoy y el resto de las fuerzas politicas como el PSOE y Ciudadanos, incluso Podemos, anticiparon su rechazo y boicot. El Tribunal Superior también consideró ilegal la consulta.

Se trata, de algún modo, de la etapa final de una crisis entre el Estado español y la burguesía catalana que, si bien tiene una extensa tradición histórica, se reavivó con fuerza por la crisis financiera de 2008 que golpeó profundamente en la península ibérica. Hasta ese entonces, Convergencia i Unió (CiU) había gobernado en un sentido claramente neoliberal -y con mucha corrupción- bajo el manto de la Transición de 1978 que mantuvo la Monarquía borbónica y creó el estatus de las autonomías regionales. Con el comienzo de la crisis y el reclamo por un mayor reparto de la torta se produjo una ruptura que orientó a CiU hacia el rumbo independentista. Desde entonces, a pesar de la draconiana persecución judicial del gobierno de Rajoy, se desenvolvieron movilizaciones multitudinarias de hasta 2 millones de personas por la separación de España. El reciente 11 de septiembre, día de la Diada, las calles volvieron a inundarse de cientos de miles de manifestantes que reclamaron por la independencia.

A fines de 2015 se formó un nuevo gobierno de mayoría independentista formado por Junts Pel Sí (PDCat, ex CiU, y Esquerra Republicana, ERC) y el apoyo parlamentario de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) que agrupa a las corrientes independentistas de la izquierda anticapitalista. Desde la formación del gobierno en adelante se trazó una hoja de ruta para la ruptura con el Estado español cuyo punto cúlmine será el referendo del 1 de octubre que, en caso de ser aprobado, dará inicio al nuevo Estado.

En ese marco, el virtual co-gobierno JxSí-CUP también redactó una Ley de Transitoriedad que actuaría como Constitución provisoria de la nueva República catalana hasta que esta elabore su nueva Carta Magna. En este punto vale señalar que el nuevo Estado que nacería lo haría dentro (o pediría hacerlo) del marco de la Unión Europea, respetaría tasas e impuestos y sus deudas con el Estado español, por caso.

Desde ese punto de vista, el gobierno de JxSí ha dejado mucho que desear en materia de “contenido social”, manteniendo los principales lineamientos neoliberales de su antecesora CiU. La CUP, producto de la presión, ha cedido dando su apoyo a un presupuesto que está muy lejos de las necesidades y reclamos de las masas catalanas, tanto de aquellas movilizadas por la independencia como de las que no (lo que serviría como un elemento movilizador a su favor). La falta de una perspectiva concreta de mejoramiento de las condiciones de vida de las masas y la continuidad de esas politicas así como de figurones repudiables como Artur Mas han producido un desgaste que deberá dimensionarse en la consulta popular del 1O. Incluso, las vacilaciones y la tendencia pactista de la conducción del ‘proces’ ponen en duda la propia realización del referendo.

Y es aquí, justamente, que se plantea una cuestión nodal: la defensa de la autodeterminación nacional y la ruptura con la vetusta monarquía contienen, sin duda, un carácter progresivo. ¿Pero es esto suficiente para marcar un norte de ruptura y cambio social real cuando, por ejemplo, se pide permanecer dentro de la Unión Europea que aplica los planes de ajuste en todo el Continente o cuyos principales Estados son responsables de las masascres en Medio Oriente?

En la movilización en defensa de la independencia de Cataluña, un elemento fundamental para resistir el embate del Estado español, la izquierda tiene el desafío de poder incluir también las reivindicaciones de la clase trabajadora y de ruptura con el capitalismo, que supere la estrecha mirada nacionalista burguesa y se plantee la solidaridad internacional con las y explotados de todo el mundo, comenzando por aquellos/as del Estado español. En ese sentido, la independencia politica es una condición fundamental para impulsar este programa. Para ello, es necesario construir una organización revolucionaria que tome en sus manos estas tareas.