Megacausa Operativo Independencia: una sentencia aberrante


El Tribunal Oral Federal Nº1 de Tucumán otorgó este viernes un manto de impunidad al genocidio previo al golpe en la provincia. El juez Casas es el principal señalado por la pobre condena.

El juez Casas otorgó a penas 6 perpetuas para los 17 condenados en la Mega Causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia que abarca el periodo constitucional entre febrero de 1975 a marzo de 1976.

Tras 88 audiencias realizadas durante 450 días de jucio oral y público, 455 testigos/as declararon sobre 271 víctimas de críemenes de Estado. De los 20 imputados originales, quedaron sólo 17 ya que 2 fueron apartados por falta de mérito y otro murió. Una cifra escasa teniendo en cuenta la maquinaria desplegada en Tucumán por la 5ta Brigada, comandada por Acdel Vilas durante el Operativo.

El Operativo Independencia fue el ensayo local de lo que luego fue ejecutado en todo el país tras el golpe de Estado: centros clandestinos de detención, secuestros, desapariciones, torturas, robos, crímenes sexuales y asesinatos con la participación necesaria de miles de uniformados de las Fuerzas Armadas y la policía.

Si bien la cifra ya era exigua en relación a la dimensión de lo ocurrido, la sentencia fue aún peor: apenas 6 perpetuas para Roberto Albornoz, Luis de Cándido, Ricardo Sánchez, Miguel Moreno, Jorge Lazarte y Enrique del Pino; complementadas con 4 condenas menores (Manuel Vila a 10 años de cárcel, Néstor Castelli a 18, Pedro López a 4 y Jorge Capital a 16).

Este fallo aberrante. Con sólo 10 condenados, varios responsables que ya han fallecido en libertad, y también varios cómplices y ejecutores que permanecen libres. A su vez nunca se tomó la posibilidad de citar a indagatoria a María Estela Martínez de Perón, como responsable política de la puesta en marcha legal del terrorismo de Estado.

UN POCO DE HISTORIA
En febrero de 1975 la presidenta María Estela Martínez de Perón, firmó el decreto 281 con carácter secreto, que habilitó al Ejército a entrar en operaciones dentro de la zona de Tucumán con el fin de “aniquilar el accionar subversivo”. En octubre del mismo año sucesivos decretos amplían el accionar de las fuerzas al resto del país.

Desde luego el accionar del Ejército recibió el apoyo de la prensa, la iglesia y los partidos políticos pro- patronales. La dimensión represiva alcanzó a todos los sectores, pero su principal objetivo fue golpear a la clase obrera y los lazos sociales que se crearon tras una historia rica en la lucha y la organización.

Recordemos también que por cuestiones sociales y greográficas, Tucumán fue el lugar elegido por la Compañía del Monte “Ramón Rosa Jimenez” del PRT – ERP para operar el año anterior.

UN MENSAJE PELIGROSO

El terrorismo de Estado aún es negado por un sector importante del Poder Judicial, quedando así de manifiesto con esta aberrante sentencia. Entre los argumentos que se esgrimieron para justificar algunas absoluciones, se deslizaron algunas sugerencias que nos remiten a los fallos de “obediencia debida” tal como ocurrió durante lor primeros años de gobierno democrático, para justificar que sólo sean condenados algunos oficiales de las fuerzas, dejando de lado a miles de autores materiales del genocidio.

Como dato, solo 2 militares estaban imputados (Svendsen y Lazarte) y la causa fue circunscripta a un ámbito local, sin conexión regional ni nacional.

Queda pendiente aún la instancia de casación para revertir este cómplice y penoso fallo. Las organizaciones populares, de Derechos Humanos, políticas y sociales, seguiremos dando la lucha en las calles por la verdad, la memoria y la justicia.