Repudiamos el procesamiento a las y los detenidos en la represión del 1 de septiembre


A poco más de una semana de las últimas elecciones legislativas, donde la alianza Cambiemos consolidó su referencia y fue el gran ganador de los comicios, el juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a 22 de los 31 detenidos y detenidas en la razzia policial del 1 de septiembre luego de la masiva marcha en Plaza de Mayo, que reclamaba por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

No es casualidad que el juez haya esperado más de un mes y medio para llevar a cabo esta medida. Las últimas elecciones le dieron al gobierno el espaldarazo que venía necesitando para continuar y profundizar la serie de reformas que vinieron a realizar. Junto con estas medidas que no tardarán en implementar, el avance represivo sobre los sectores que se organizan es una pieza fundamental en su estrategia de gobierno.

Como si fuera una burda provocación, el juez dio por hecho la versión policial sobre cómo y cuándo fueron detenidos los 31 compañeros y compañeras el 1 de septiembre. Esto implica dejar de lado la gran cantidad de pruebas que desmientan las versiones de los efectivos y las falsas actas de detención, elaboradas por ellos mismos. Tanto filmaciones, como mensajes y testimonios ponen en escenas distintas a cada uno de los procesados que están sufriendo en carne propia la táctica del juez en esta causa. Con estos procesamientos, vemos claramente la intención del juez de volver a correr el eje de discusión. Así como el 1 de septiembre y todo el fin de semana posterior la operación de los medios de comunicación lograron que hablemos de los detenidos y no del cuarto de millón de personas que nos manifestamos, esta vez de nuevo la medida del juez Martínez De Giorgi nos quiere correr del pedido de justicia por Santiago Maldonado. Para esto se vale también de medidas extravagantes e irrisorias como el embargo millonario a los trabajadores detenidos. Al mismo tiempo, el juez Martínez de Giorgi se declaró por tercera vez incompetente en la causa contra el empresario corrupto Mariano Martínez Rojas por el ataque de su patota, amparada por la policía, a la redacción del diario autogestionado Tiempo Argentino. Vemos que la “competencia” del juez sólo existe cuando ataca a trabajadores.

Es necesario redoblar la movilización y la lucha contra esta resolución y por el castigo a los responsables de la represión del 1 de septiembre.

A su vez, debemos combatir su objetivo de correr la atención sobre la desaparición y posterior asesinato de Santiago Maldonado. Por todo esto, el 1 de noviembre ante la convocatoria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia nos encontrarán en las calles por la libertad de los detenidos el 1 de septiembre, para seguir exigiendo justicia por Santiago Maldonado y por castigo a los culpables.